Según han explicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, los organizadores de las peleas se exponen a multas de entre 2.001 y 30.000 euros por una infracción "muy grave" al haber diseñado estas luchas entre animales así como a otra falta "grave", con multa de entre 75 y 500 euros, por dar asistencia a estas peleas.

El Gobierno andaluz aún tramita la redacción de las respectivas propuestas de inicio de expediente sancionador a raíz de la información trasladada por agentes del Seprona de la Guardia Civil, quienes inspeccionaron la nave ubicada en el Polígono Industrial Los Portichuelos donde localizaron el reñidero. En el momento de la inspección se está desarrollando una pelea entre gallos de raza combatiente español.

Los agentes desmantelaron la peña gallística y presentó denuncia contra 17 personas por la organización de peleas de gallos ilegales, entre ellos el responsable de la instalación, el juez-arbitro y los dueños de los animales por presunto maltrato animal.

La operación permitió interrumpir una pelea de gallos que estaban presenciando unas 120 personas, entre ellas una decena de menores de edad. De los 30 animales que pudieron ser rescatados por la Guardia Civil, once presentaban graves heridas con afectación de los órganos principales y, además, sufrían gran pérdida de sangre, por lo que les tuvo que se aplicada la eutanasia a partir del criterio del veterinario de la Junta.

La investigación se inició a finales del pasado mes de enero al detectar las supuestas prácticas en una peña gallística almeriense que contaba con instalaciones del club en la localidad almeriense de Viator acondicionada con galleras y con un cuadrilátero con gradas que servía de reñidero, por lo que sospecharon que podían estar llevándose a cabo peleas ilegales de gallos.

En el momento de la entrada a las instalaciones de la peña, los agentes interrumpieron un combate entre dos gallos, que en ese momento se estaba celebrando con la asistencia de unas 120 personas, entre las que había siete menores de edad y numeroso público no asociado a la peña gallística.

La Guardia Civil presentó denuncia contra los responsable de la instalación, el juez-árbitro y los propietarios de los animales como presuntos autores de un delito relativo a la protección de la flora y la fauna.