El fiscal ha defendido este jueves en su informe final en el juicio del caso de la planta desaladora de Marbella que el entonces alcalde Jesús Gil, el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y el letrado, José Luis Sierra, "se repartieron el pastel".

Después de elevar a definitivas sus conclusiones contra Roca, en la que ha mantenido su petición de ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por el delito continuado de malversación de caudales públicos, el fiscal ha afirmado que en este procedimiento "hubo tres actores principales Gil, Sierra y Roca".

El Ministerio Público ha pedido que el ex asesor urbanístico, que lleva en prisión desde el 29 de marzo del 2006, también sea condenado por prevaricación administrativa y por este delito le pide inhabilitación para empleo o cargo público durante nueve años. Sierra no ha podido ser juzgado porque presenta un deterioro cognitivo severo por una demencia tipo enfermedad de Alzheimer, trastorno de carácter neurodegenerativo, progresivo y sin cura.

El Ministerio Público mantiene que después de que Gil asumiera la Alcaldía en junio de 1991 se maquinó en la corporación y se ejecutó "un procedimiento de huida del Derecho Administrativo", lo que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos. Esos colaboradores fueron elegidos en base a criterios de confianza "y con incumplimiento sistemático, injustificado y deliberado de la norma de contratación", con confusión de lo público y lo privado.

Para ello se crearon sociedades municipales como "una organización paralela", ha precisado el fiscal, y esta forma de actuar se extendió al periodo que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Sierra, en aquellos años, era el abogado personal de Gil y asesor de la Mancomunidad.

Para el fiscal, Roca "fue la pieza clave en todo el entramado municipal y societario hasta el momento de su detención e ingreso en prisión" y "sus decisiones eran acatadas estrictamente por todos los miembros de la corporación municipal".

El fiscal, en este procedimiento, dice que en 1995 la situación de "pertinaz sequía" obligó a construir una planta desaladora en Marbella y se contrató a la empresa Decosol para su construcción, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión. Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.

En el proceso de contratación administrativa y control contable "se produjeron graves incumplimientos de la norma", y en total eran siete las parcelas a expropiar, tarea que se delegó a Roca, pero "no se concluyeron los expedientes expropiatorios y, en algún caso, ni tan siquiera se iniciaron, pese a haberse ocupado".

Decosol abonó a Planeamiento 2000 SL la cantidad de 150 millones de pesetas, a través de dos cheques bancarios, destinados al pago del justiprecio a los propietarios de los terrenos a expropiar y cuya ocupación ya se había materializado. Pero Roca, "lejos de cumplir su encargo", hizo suyos 145 millones y los incorporó a su patrimonio, y además aprobó adjudicaciones irregulares y se permitió que Gil, Roca y Sierra desviaran 75.780 millones de pesetas.