¿Quo vadis universidad? ¿Cuál será el modelo? ¿Hacia dónde te diriges? Sin haberse implantado del todo la adaptación de las universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior (el Plan Bolonia) –todavía hay estudiantes cursando las antiguas licenciaturas– surgen nuevas batallas en el horizonte que deberán responder a estas preguntas. ¿Es la universidad una inversión? ¿Cumple una función social?

La universidad continúa con su falla abierta durante la crisis entre las posibilidades de financiación y la escasez de recursos –más del 60% de los centros públicos se encontrarían en déficit–, según un informe de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT. Están sufriendo la pérdida de alumnos matriculados en grados y másters. Y ahora deberán enfrentarse al nuevo modelo 3+2 que puede poner patas arriba la oferta educativa al reducir, a iniciativa de los centros, los grados de cuatro a tres años y aumentando los másteres en dos. Los estudiantes están en pie de guerra, ya que consideran que encarecerá la universidad y la convertirá en un espacio elitista.

Un informe de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario certifica que los estudiantes desfavorecidos se están viendo obligados a cursar carreras que les permitan encontrar un trabajo rápido, aunque ello signifique cobrar sueldos más bajos. Los campus se encuentran divididos sobre la idoneidad de la propuesta del 3+2. La nueva palabra clave es flexibilidad. El concepto subyacente poder financiarse y congeniar con una Europa que escogió mayoritariamente el 3+2 cuando se adaptó a Bolonia.

La crisis económica y las carencias de financiación –durante el periodo 2008-2012 se redujeron los recursos externos en un 15%– ha llevado a la universidad a buscar salidas, sumándose a la tendencia de competencia a nivel nacional e internacional; las más ágiles han intentado resolver la ecuación con la creación de másters y grados atractivos. Se hace hincapié en la empleabilidad como resultado, en la creación de cursos mejor adaptados, vínculo entre estudiantes y empresas que despierte a un sistema envejecido.

Colectivos de estudiantes universitarios, como el Sindicato de Estudiantes, señalan el empobrecimiento del alumnado y denuncian un proceso de «privatización encubierta». Aseguran que hay estudiantes que ya no pueden pagar por la acentuada subida de las tasas. Homologarse con Europa parece ser el objetivo. Pero tenemos dos modelos que conviven en el horizonte europeo: una universidad pública y gratuita, entendida como un bien social, y una universidad concebida como beneficio individual que debe ser pagado como peaje para un mejor sueldo y oportunidades.

Estos sistemas estarían representados por el modelo gratuito alemán o el francés (tasas bajas), que se contrapondría al británico, donde los estudiantes costean la matrícula. España parece decantarse hacia el modelo de pago y que los estudiantes asuman parte de los costes. La implantación del decreto 3+2 impulsado por el ministro José Ignacio Wert antes de que dejara el cargo, ahonda en este debate.

Algunas universidades lo consideran una oportunidad y están preparando grados para el próximo curso (24, según algunos cálculos), especialmente en Cataluña. Este sistema acortará las carreras de 4 años –modelo escogido en su momento cuando se adoptó el plan Bolonia en España– por 3 años (modelo que entonces se rechazó).

Surgen las dudas de cómo se podrán incluir las prácticas y los sistemas de intercambio en tan poco tiempo, y cuál será el nivel educativo. La formación deberá complementarse con una amplia oferta de másters. Las universidades que lo defienden consideran que ayudará a acercarnos a los grados europeos. Les permitirá firmar convenios con universidades de la UE, donde mayoritariamente se aplica el 3+2, y encontrar vías de financiación. El Gobierno considera que es un avance hacia una «educación pública de calidad» y, recientemente, el ministro de educación, Íñigo Méndez de Vigo, argumentó que se debe «simplificar el sistema de tasas que pagan los estudiantes» para igualar el precio de los grados y los másters.

El Sindicato de Estudiantes entiende que es un paso más «llevado por el gobierno del Partido Popular para impedir que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la universidad», según explica su portavoz, Ana García; prevén un gran aumento del coste total de los estudios –llegan a cifrarlo en 20.000 euros por carrera–, un incremento que se sumaría al 40% que ya ha sufrido el precio de las matrículas desde 2012 en algunas zonas universitarias. Hoy estudiar en España es caro (con un desembolso que puede superar los 2.000 euros por curso). Durante la crisis parte del coste se trasladó de la financiación pública al usuario. La universidad española está entre las más caras de Europa; hay diferencia entre comunidades: estudiar en Cataluña cuesta 3 veces más que en Andalucía.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Españolas se muestra de acuerdo con la flexibilidad, pero en asamblea ha aprobado una moratoria para retrasar hasta 2017/18 su implantación, ya que los campus españoles están divididos, y se teme un caos de ofertas, con universidades vecinas ofreciendo el mismo grado con duraciones distintas. Esta moratoria no afectará a los grados de nueva creación ni a aquellos que se impartan en inglés, como el de Bioinformática o Global Studies, que previsiblemente empezarán este próximo curso. A este panorama se suman las denuncias de falta de becas, las demandas de una mayor autonomía y gobernanza por parte de las universidades, la precariedad del profesorado y los obstáculos a las becas Erasmus.

El modelo 3+2 tiene sus defensores y detractores. Los expertos también se encuentran divididos. «Seguramente no resolverá los problemas que tenemos, y en cambio nos traerá nuevos, como los que tienen que ver con el aumento de las barreras al acceso a la universidad», explica Jordi Mir, profesor del Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra y miembro del Observatorio del Sistema Universitario. «Aceptando que se equilibre el precio del máster, nuestros grados ya nos sitúan en aquellos países que entienden que la educación universitaria es un bien privado», añade.

La connivencia entre centros públicos y privados adscritos ya ha generado másters públicos entre los más caros de Europa, con precios que están entre los 5.000 y 9.000 euros por año. Uno de los argumentos a favor del 3+2 es la internacionalización, ya que la media de estudiantes extranjeros en España se encuentra en el 2,8%, cuando en Europa es del 8%; existe un gran déficit en la atracción de estudiantes asiáticos.

«Si la mayoría de países europeos están en el 3+2, aquí deberíamos ir en esa dirección, no tiene mucho sentido ser una isla en este terreno, es un tema que se debe afrontar y discutir cómo hacerlo», explica Martí Parellada, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Algunos expertos lo consideran precipitado, y señalan que en países como EEUU o China las carreras son de 4 a 5 años, y que otros están valorando aumentarlas a cuatro.

«Estamos a ciegas. Aún no hemos evaluado si ha funcionado Bolonia, y nos ponemos con otra reforma. ¿Si recortamos una carrera de Ingeniería a tres años serán más empleables los graduados?», se pregunta José Ginés Mora, experto en educación superior y uno de los impulsores del Plan Bolonia. Tendremos que esperar a ver cómo responde el mercado laboral y los estudiantes a estos nuevos títulos, y certificar si como denuncian será imprescindible el máster para poder trabajar al haberse devaluado el grado.

Otro de los puntos en reforma es la supresión de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la selectividad, y los rectores y el Ministerio de Educación están elaborando una prueba más unificada a nivel nacional para que los alumnos puedan moverse sin dificultad. Conceptos como sobrecualificación también están sobrevolando el escenario laboral, aunque los datos parecen constatar que los estudiantes universitarios siguen teniendo más oportunidades laborales, con repuntes en el último año.

No obstante, se está reduciendo el número de matriculados, ya sea por las propias dinámicas de la población como por el aumento de los costes de estudiar. «Es posible inducir que mayor formación da más posibilidades de insertarse laboralmente, por lo tanto, es un tema preocupante», concluye Martí Parellada, experto de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.