La laxitud regulatoria de los países con bajo rigor fiscal atrae cada vez más la mirada del Ibex-35, el índice que agrupa a las 35 empresas con mayor capitalización bursátil en España.

Según un informe presentado este miércoles por Oxfam Intermón, el número de filiales creadas por estas compañías en los 33 paraísos fiscales identificados por el Gobierno español se incrementó un 240% en un lustro; de 272 sociedades en 2009, a 891 a finales de 2014.

Y el destino favorito del capital es el estado de Delaware (EE UU), un región que en su seno más empresas que habitantes... y que alberga 417 filiales de empresas españolas: un 46,8% del total. "Un solo edificio de una planta en Delaware tiene 285.000 empresas, más que todo el País Vasco que tiene 160.000", denuncia la ONG en su informe en referencia a CT Corporation, un agente intermediario que con apenas una oficina en la ciudad de Wilmington coloca el capital de empresas de todo el mundo en paraísos fiscales.

Hasta 68 nuevas sociedades se crearon en ese estado norteamericano en 2014 con dinero procedente de empresas que componen el Ibex. Por detrás de Delaware se sitúan Holanda (131 sociedades), Irlanda (65), Luxemburgo (55) e Islas Caimán (29).

La organización indica que "la economía offshore crece al doble de velocidad que la economía mundial" y denuncia la contribución que realizan las grandes empresas españolas. En especial, apuntan, el Banco Santander, que creó 53 filiales en 2014 en paraísos fiscales ("una a la semana") y que alcanza ya las 235 sociedades creadas en estos países de tributación opaca. Una de cada cuatro.

Por detrás de la entidad liderada por Ana Patricia Botín se sitúa ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, que poseía 113 filiales en paraísos fiscales en 2014, seis menos que en año anterior. Detras de ambas, por debajo del centenar, se sitúan Iberdrola (69), Abengoa (67) y BBVA (52).

¿Qué es lo que consiguen estas empresas depositando el dinero en estos paraísos? Por un lado, más rentabilidad. El informe calcula, por ejemplo, que la plusvalía que el Santander ha obtenido con el dinero depositado en estos países es "2,7 veces superior a la actividad global del banco".

En el caso del BBVA, sus filiales habrían obtenido una rentabilidad 4,4 veces mayor. "Ambas entidades eligen ubicar en paraísos fiscales aquellas actividades que les generan una mayor rentabilidad", asegura Oxfam Intermón.

Como segundo motivo, la ONG señala que los beneficios obtenidos en el extranjero "apenas tributan" (en Delaware, por ejemplo, los ingresos por propiedad intelectual no tirbutan) y que en 2015 el dinero procedente de estos paraísos creció un 27,4% respecto a 2014. "Es un 66% de toda la inversión que entra en España y se ha multiplicado por 2,6 desde 2000".

Ante el próximo Gobierno que salga de las urnas, Oxfam Intermón propone una "ley contra la evasión fiscal" que cierre los resquicios de la elusión a través de sociedades offshore para garantizar la financiación de la sanidad, la educación, la protección social y la cooperación, así como para evitar profundizar en la brecha de la desigualdad y la precariedad. "Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización", afirma la ONG.

Oxfam propone además la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales que consiste en "excluir de la contratación pública a empresas vinculadas a paraísos fiscales". La organización, en este sentido, argumenta que entre 2010 y 2013 el 45,5% de la contratación del Ayuntamiento de Madrid se realizó con empresas que tienen filiales en estos países de bajo control tributario, destacando Sacyr (tres filiales), Ferrovial (40) y FCC (3). En Barcelona pesó el 22,3% entre 2012 y 2015 y destacó la contratación con FCC y Endesa (dos filiales).

El análisis de la presencia de las empresas del Ibex-35 en paraísos fiscales viene acompañado de la 12ª edición del informe del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que concluye que "se estanca la calidad de la información en aspectos centrales de la RSC, como la actividad de estas empresas en paraísos fiscales o la gestión de los derechos humanos en países con elevado riesgo de vulneración".

De hecho, según el informe del Observatorio, hasta 32 de las 35 grandes empresas de nuestro país están presentes en los 20 países considerados de riesgo extremo de vulneración de los derechos humanos.