Rovira y Durán han justificado la necesidad de estas medidas cautelares en la falta de resolución del recurso de alzada interpuesto por la plataforma 'Salvem sa Feixina' y han criticado la

predisposición de Cort por derrocar este monumento. Según su opinión,

esto "demuestra que existe una situación de riesgo para su integridad" que hace necesaria la intervención del Consell.

En concreto, la moción registrada insta al Consell a adoptar las medidas cautelares necesarias para proteger la integridad del monumento mientras la institución, a través de la Comisión de Patrimonio, no haya adoptado ninguna resolución definitiva.

Cabe recordar que el expediente de incoación que afecta a este elemento arquitectónico de Palma no está cerrado actualmente debido a la presentación de un recurso de alzada por parte de las entidades que conforman la plataforma 'Salvem sa Feixina'. En cambio, y paralelamente a este hecho, el Ayuntamiento de Palma incoó el correspondiente expediente de demolición del monumento, habiendo finalizado, el pasado 5 de mayo, el plazo de exposición pública.

Según ha declarado Rovira, y tal como recoge también el texto de la moción registrada, la Ley de Patrimonio de Baleares establece, en su artículo 113, que el Gobierno insular, en su calidad de institución competente en materia de protección de los bienes patrimoniales, está obligado a arbitrar las medidas de protección necesarias en caso de que exista la posibilidad de actuaciones constitutivas de infracción administrativa que atenten, de manera irreversible, contra la identidad del patrimonio cultural e histórico.

En este sentido, "ahora mismo existe el riesgo evidente de que el Ayuntamiento derribe el monumento de sa Feixina, sin que el procedimiento haya finalizado, y antes de que se resuelva el pronunciamiento definitivo sobre el recurso de alzada que se ha interpuesto", ha declarado el portavoz 'popular'.

Además, Rovira ha justificado su temor en "las continuas manifestaciones públicas de los responsables municipales sobre su predisposición a derribar el monumento, y a las prisas que parecen tener para llevar a cabo esta actuación, como demuestra la rapidez con que se incoó el expediente de demolición y con que se convocó el concurso de demolición", que supondrá un coste económico de 170.000 euros a los ciudadanos de Palma.

Rovira ha considerado que el Consell "tiene la responsabilidad de asegurar que el proceso se desarrolle en los términos que marca la legalidad vigente y eliminar cualquier posibilidad de vulneración de la misma, y, precisamente por eso, hay que adoptar las medidas cautelares de protección" que el PP solicita en su moción.

Por su parte, la portavoz del PP al Ayuntamiento de Palma, Margalida Durán, ha afirmado que no entendería que la propuesta de sus compañeros de partido en el Consell "no se aprobara" porque "cuando existe un riesgo en materia de protección del patrimonio, la institución competente tiene que actuar aprobando las medidas cautelares".

Además, Durán ha lamentado que, una vez conocida la existencia de un recurso de alzada pendiente de resolución, el Ayuntamiento de Palma "no se haya anticipado en anular de oficio el expediente, y el acuerdo que aprobó en junta de gobierno para llevar adelante la demolición".

La paralización inmediata del proceso es, según Durán, "la única decisión que Cort está en condiciones de adoptar ahora mismo, porque el recurso cambia todo el escenario y pone de manifiesto que el expediente no estaba cerrado y, por tanto, no se puede terminar el derribo del monumento bajo estas circunstancias. Las prisas son malas consejeras", ha concluido.