En rueda de prensa, ha detallado que se trataría de disponer de una ley de asistencia jurídica "para que no se tengan que sacar a concurso" una serie de servicios que poseen un "fuerte carácter social" y que requieren de una asesoría previa y de asistencia jurídica sostenida en el tiempo, así como de un sistema de guardias y de una presencia en todo el territorio.

Ledesma ha precisado en rueda de prensa que estos elementos los cumplen los colegios de abogados, que, además "carecen de intereses mercantilistas", por lo que ha instado al Gobierno de Aragón a sentarse a hablar con ellos y también los grupos de las Cortes para lograr esa ley de asistencia jurídica.

De esta forma, se lograría "amparar en el tiempo" estos servicios, "protegerlos y darles estabilidad", así como "garantizar su calidad", en vez de "estar en privatizaciones absurdas", ha dicho en referencia la decisión del Instituto Aragonés de la Mujer de sacar a concurso el servicio de asesoría jurídica de atención a las mujeres víctimas de violencia.

El contrato que había hasta 2015 con los colegios de abogados de la Comunidad para prestarlo dejó de estar en vigor en enero de este año y estas entidades han dejado de prestarlo desde el 1 de mayo tras conocer que se ha sacado a contratación y para no darlo "en precario", momento a partir del cuál el Gobierno se lo ha adjudicado temporalmente a una empresa.

Ledesma ha manifestado que hay "olor a tufillo" en este asunto ya que, por un lado, "las excusas que se han dado desde el punto de vista jurídico no nos parecen ajustadas", y, por otro, políticamente "tenemos algunos problemas".

EXCUSAS

El diputado del PP ha precisado que la directiva europea que utiliza como argumento el Gobierno de Aragón para publicar esa licitación "e intentar privatizar" incluye "unas excepciones en las que entra de lleno este servicio".

Según ha concretado, se exime de realizar esa contratación cuando el servicio deriva en los tribunales, algo que "se prevé en más del 80 por ciento de los casos" de asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia, y "por eso se requiere de un abogado, no de un mero licenciado de Derecho, sino de un profesional colegiado".

Además, "la propia directiva exime cuando se trata de servicios sociales" y por la cuantía "tampoco sería aplicable" la normativa europea,, mientras que existe una resolución de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de marzo que "es una mera recomendación, no obliga y que recoge las excepciones de la directiva".

Por otra parte, Ledesma ha opinado que desde el punto de vista político "tenemos muchos indicios acumulados que no van hacia la dirección que dice el Gobierno de la nueva transparencia y de ser limpios y claros" ya que el informe de Intervención con el que justifica esta licitación el PP lo ha pedido hace varias semanas, pero "no sabemos dónde está".

Además, "no está publicado" en la web de transparencia o el perfil de contratante del Gobierno de Aragón el contrato" de la adjudicación a la empresa que lo está prestando temporalmente, "ni ese, ni ningún otro en todo 2016" .

Ha añadido que "casualmente" la empresa que tiene la adjudicación temporal "tuvo la capacidad de adivinar en febrero" que se iba a sacar a concurso este servicio "cuando no se había hecho pública ninguna intención" por parte del Ejecutivo de hacerlo, ya que publicó una oferta de empleo para abogados especialistas en violencia contra las mujeres.

MALA RELACIÓN

El diputado del PP ha lamentado que en "toda esta mala relación que está manteniendo el Gobierno con los abogados" quienes "están padeciendo las peores consecuencias" son las víctimas de violencia, para achacar esta situación a "una cuestión de personalidades de algunas personas que están al frente de ciertos servicios o direcciones generales".

A su entender, todos los servicios de asistencia jurídica con carácter social deberían estar "bajo el Departamento de Presidencia y la dirección general de Justicia, que es la que tiene mayor relación con las partes que los prestan".

Ledesma ha sostenido que "no podemos tener un servicio de asistencia jurídica que varíe en función del agresor", sino que debe ser el especialista quien "determine cuál va a necesitar la víctima", como ocurría cuando todos ellos eran prestados por los colegios de abogados, vez de que la persona afecta "tenga que discernir cuál le tienen que dar o no".

En este punto, el diputado 'popular' ha comentado que la empresa que temporalmente está dado la asesoría jurídica de atención a las mujeres víctimas de violencia no pudo atender el jueves pasado a una víctima de una agresión física que fue a denunciarla porque "no había servicio de guardias", ni abogado "en el partido judicial" que le correspondía.

La propuesta del PP, ha dicho Ledesma, pretende que el Gobierno de Aragón "rectifique" y pretende ser "constructiva y aportar soluciones desde la mejor intención".