El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) quiere "liderar" un Pacto de Estado por la Justicia que "garantice la seguridad jurídica" y la "independencia real de jueces y magistrados" y presentará "a la vuelta del verano" algunas propuestas sobre temas "concretos" para avanzar en él.

Así lo ha anunciado su presidenta, la palentina Victoria Ortega, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Cantabria (UC), en el Foro Ser Cantabria, del que ha sido este martes protagonista.

Ortega ha explicado que se quiere implicar en este Pacto a "todas las fuerzas políticas y sociales" y ha señalado que el objetivo es configurar "mediante consenso un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero estado social y democrático de Derecho", no basado en "criterios de oportunidad política" sino en el "conocimiento de la realidad" del funcionamiento de los juzgados de los actores que trabajan en él.

La presidenta del Consejo desde el pasado enero ha afirmado que este Pacto el objetivo de este Pacto es "claro y posible" y espera que dé como fruto un "plan razonable y uniforme" que permita "emprender", "aunque sea despacio", el "buen camino" hacia dónde se debe ir.

Durante su exposición, Ortega también se ha referido a la situación política de España que se está viviendo a raíz de la no formación aún de un nuevo Gobierno tras las elecciones generales del 20 de diciembre y la necesidad de unas nuevas elecciones.

A su juicio, esta "crisis política" -tal y como la ha denominado- está "frenando reformas necesarias". "Y aún nos queda más", ha lamentado.

Ortega ha abogado por una "salida de consenso" al menos en los "puntos básicos" para lo que, según ha reconocido, será necesario por parte de los partidos políticos un "gran esfuerzo de generosidad para seguir avanzando" y ha confiado en que éstos hayan aprendido de lo sucedido en

los últimos meses.

DE "PAÍS DE PÍCAROS" A UNO DE "CIUDADANOS HONRADOS"

La primera mujer que ha llegado a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía ha advertido de que a esta "crisis política" se "suma" el "hartazgo" de una ciudadanía que ha "colmado su capacidad" ante el actual "tsunami de corrupción" que se está viviendo.

Para hacer frente a este problema, Ortega ha opinado que se precisan "organismos de control y prevención"; dotar a la Justicia de suficientes medios humanos y materiales, y aprobar las "reformas procesales que sean necesarias".

Ortega ha insistido en que la "lucha contra la corrupción no debe quedar en la Justicia" sino que se debe intentar frenar desde la escuela, que debe crear "buenos ciudadanos".

"España debe dejar de ser un país de pícaros para dejar de ser un país de ciudadanos honrados", ha dicho la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Como lectura "optimista" de este problema, se ha referido a la respuesta judicial que se está dando y también a que, a su juicio, este "tsunami de corrupción enorme" va a ser una "vacuna para que los ciudadanos rechacen la corrupción en todas sus formas".

Respecto a la respuesta de la Justicia, ha defendido que ésta "es igual para todos" y "funciona para todos", independientemente de sus circunstancias económicas y sociales.

Cuestionada por los asistentes, Ortega ha opinado que los jueces del Tribunal Supremo son "absolutamente independientes", lo que -ha aclarado- "no significa que tampoco le guste mucho sistema de elección" de los mismos.

También en su exposición, se ha referido a la situación de la abogacía en España, un sector sometido a una "enorme competencia" y en el que, según ha dicho, existe dentro de él una "abogacía low cost" que ofrece servicios "a precios imposibles".

Ortega ha defendido la necesidad de "modernización" y ha subrayado el "superior" funcionamiento que, a su juicio, hay en el sistema VEREDA.

También ha reclamado que se precisa una abogacía "mejor formada" y ha aludido a la prueba de acceso, un examen tipo test que, a su juicio, debería ser una prueba práctica.

Según ha dicho, parece que la reforma de este examen es "posible" y para facilitar esa reforma ha aludido al ofrecimiento de la profesión a la corrección de estos exámenes.

A preguntas de los asistentes acerca de la respuesta que se debe dar a los profesionales de la abogacía que faciliten a sus clientes el llevar su dinero a paraísos fiscales, Ortega ha defendido que el

"control disciplinario" que se realiza del cumplimiento del Código Deontológico es "estricto".

De hecho, ha señalado que el control que se lleva a cabo en la Abogacía es mayor, incluso que en otros órdenes de la Administración de Justicia y se está "reaccionando" ante los comportamientos contrarios al Código Deontológico.

En relación a este Código, Ortega ha defendido la necesidad de revisarlo y ha señalado que se ha pedido su visión del mismo a distintos grupos sociales.

REFUGIADOS

En su ponencia, Ortega ha insistido en su crítica a la "indignante" y "vergonzosa" respuesta de Europa y España al "drama de los refugiados".

Ha denunciado la "vulneración constante" que, a su juicio, está cometiendo Europa de los derechos de los refugiados y ha criticado el tratado UE-Turquía, al que ha considerado la "expresión máxima de la indignida" que se está cometiendo.

Según ha dicho, en este tratado se quita a estas personas que están huyendo de sus países la calificación de refugiado para evitar la "obligación" que tiene de ofrecerle asilo.

Además, en su exposición en el Hotel Real ante representantes políticos, económicos y sociales de la sociedad cántabra, Ortega se ha felicitado de la liberación de los tres periodistas españoles liberados en Siria tras varias meses de secuestro y, también, de que la Fiscalía haya retirado la acusación contra dos periodistas de ABC por revelación de secretos.

Según ha dicho, se trata de dos "buenas noticias" para la libertad de información.

A la ponencia de Ortega han acudido varios miembros del Gobierno de Cantabria, encabezados por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que será el 8 de junio el invitado del último Foro Ser de la temporada.

Además de miembros del Gobierno, ha asistido el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; varios diputados regionales y el rector de la UC, Ángel Pazos.