La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la localización de posibles víctimas que habrían sido forzadas a participar en vídeos pornográficos contra su voluntad.

Tras la detención del director y productor de pornografía Ignacio Allende Fernández —también conocido como Torbe— la Policía halló varios vídeos de esta clase protagonizados por una menor que denunció haber sido "captada" y coaccionada para participar en las grabaciones, en ocasiones  bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

"La víctima denunció haber sido captada en un bar de Madrid para participar en la grabación de vídeos pornográficos, tras aceptar en un principio, cuando se negó fue coaccionada y obligada contra su voluntad a grabar escenas pornográficas mediante el uso de sustancias estupefacientes", según ha explicado la Policía, que cree que este modus operandi podría estar empleándose también con otras posible víctimas.

De hecho, tras la detención de Allende se localizaron vídeos de otra menor publicados en la web del director y para cuyo visionado completo se exigía pagar una determinada cantidad.

"Ante la posibilidad de encontrar nuevas víctimas, se han puesto dos medios a disposición de los ciudadanos, en los que pueden denunciar, de manera estrictamente confidencial, cualquier hecho relacionado con lo sucedido: el teléfono 900 10 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es", ha anunciado el cuerpo.

Además de Torbe, la operación policial contra la pornografía infantil ha supuesto la detención de otras cuatro personas que trabajaban en la empresa pornográfica, así como un ciudadano ucraniano que "proveía de mujeres" a los detenidos para realizar los actos sexuales. Las detenciones y el conjunto de la operación ha sido posible gracias a la denuncia de una de las menores.

A raíz de la denuncia, la Policía Nacional cruzó los datos con los de otra investigación contra la trata de seres humanos y, a través de las relaciones, localizaron un entramado internacional que, presuntamente, "proveía" de mujeres a la empresa de cine pornográfico "a menudo en contra de su voluntad".

"Captaban a chicas con problemas económicos en su país de origen, las proveían de la documentación necesaria para entrar en España y una vez aquí las alojaban, dejándolas encerradas, en ocasiones, en la oficina en la que tenían lugar las grabaciones. Muchas de ellas no tenían conocimiento de la actividad que iban a realizar ni de la dureza de las prácticas a las que eran sometidas", explican los responsables de la operación. Posteriormente, los vídeos que se grababan se distribuían a través de las webs de pornografía que gestionaba Torbe.