Colegio de Abogados critica que la Junta plantee reducir hasta un 55% las retribuciones de letrados de oficio

Colegio de Abogados critica que la Junta plantee reducir hasta un 55% las retribuciones de letrados de oficio

Colegio de Abogados de Málaga
Colegio de Abogados de Málaga (EUROPA PRESS)
  • El Colegio de Abogados de Málaga se opone a la propuesta de orden elaborada por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, en la que, según ha señalado este miércoles el decano, Francisco Javier Lara, se plantea la reducción de hasta un 55 por ciento en las retribuciones que perciben los letrados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

En rueda de prensa, Lara, junto al diputado responsable de Turno de Oficio, Guillermo Jiménez, y el resto de miembros de la junta de gobierno del Colegio, ha explicado que esta propuesta de pago, de fecha de 26 de marzo, "que es un borrador y que trataremos de conseguir que no se convierta en una orden", es "irrisoria, lamentable e intolerable" y repercute en la calidad del servicio.

Pero el decano del Colegio malagueño también ha señalado que los nuevos baremos que plantea el Gobierno andaluz significan "un grave agravio" respecto a letrados de otras comunidades autónomas del país, porque el borrador refleja que los abogados andaluces "pasarían a cobrar entre un 23 y un 74 por ciento menos que los de Galicia, Cataluña o País Vasco" por realizar el mismo trabajo.

Así, ha puesto como ejemplo que en procedimientos como son los juicios rápidos con conformidad de las partes "la Junta de Andalucía prevé no pagar nada a los abogados que prestemos la asistencia". Además, según ha señalado, se pretende pagar 50 euros por un recurso de apelación contra un auto de prisión, frente a los 111 euros fijados desde 2012 y los 124 de 2009.

Lara ha considerado "demoledora" la comparación con otras comunidades, ya que por los recursos de apelación contra el auto de prisión en Andalucía se cobrarían 50 euros; mientras que "por ese mismo trabajo, los abogados del País Vasco perciben 191,52 euros, casi cuatro veces más; los de Galicia, 157,61 euros y los de Cataluña, 146 euros". "Algo inaceptable", ha lamentado.

Algo similar ocurre, ha dicho, en otros conceptos, como los procedimientos con sentencia absolutoria; mientras que en los juicios rápidos con absolución, "la propuesta de la Junta es pagar 147 euros -desde 2012 paga 252 euros y en 2009 eran 280 euros-"; pero a los abogados catalanes se les paga 358 euros; a los gallegos, 350 euros y a los del País Vasco, 325 euros.

Ha señalado que el baremo de retribución que está vigente hoy día se publicó en septiembre de 2012 y ya establecía una bajada lineal del diez por ciento respecto al anterior, de abril de 2009, y ha recordado que el pasado 29 de octubre de 2015, el Parlamento andaluz aprobó una Proposición No de Ley que instaba a la Junta de Andalucía a restituir ese diez por ciento.

Así, el Colegio malagueño ya ha presentado este mismo miércoles alegaciones a este borrador y ha animado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) a sumarse. "No nos quedaremos con los brazos cruzados", ha dicho Lara, quien ha defendido que la corporación de Málaga es "constructiva, estamos para debatir, para negociar, pero con la premisa de que el Gobierno andaluz debe mostrar respeto por el trabajo de los abogados".

"La dignificación de este trabajo es fundamental para los abogados, por supuesto, pero también para el servicio que se presta a los usuarios que son personas en situación de especial indefensión", ha señalado Lara, quien ha incidido en que "el temor que tenemos es que el borrador se convierta en orden y entonces cambiarlo va a ser más problema", por eso "no vamos a esperar para defender nuestros derechos y la dignidad del servicio".

Con esta propuesta, ha dicho el decano, "en absoluto" se puede garantizar la calidad del servicio y va a interferir en el desarrollo del mismo.

"Ha quedado claro, como recientemente ha ratificado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que los abogados de oficio no trabajan por dinero, pero socavar de esta manera sus condiciones laborales es un ataque directo a su función social, es un ataque no sólo a los abogados, sino también a los ciudadanos más desfavorecidos", ha insistido.

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