Según Chamizo. Poder recurrir a los tribunales si la Junta no garantizase el cumplimiento de la futura Ley del Derecho a la Vivienda supone «reforzar los derechos sociales», según José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz. Lo que se pretende, dice, es que derechos sociales, como lo es el derecho a una vivienda, puedan equipararse en «materia de garantías jurídicas» a los derechos civiles-políticos.
La nueva ley ha seguido siendo noticia el fin de semana. Salen más partidarios, como el presidente de Caja Jaén, José Antonio
Arcos, que considera un «avance social importante» el inicio de su tramitación.
Electoralista
Pero también detractores. La Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) teme que sea «un brindis al sol» de carácter «electoral».
Así es como la han tildado las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
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