Mundiplan podría enfrentarse a una sanción de hasta 10 millones de euros por los incidentes ocurridos en la gestión de lotes de viajes del Imserso a Canarias y Baleares, según se recoge en las cláusulas administrativas, tal y como recoge este jueves Europa Press.

Hasta el momento se han producido dos requerimientos a Mundiplan -formada por Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7-, con fechas del 22 de enero y el 2 de febrero, por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que dio un plazo de diez días el pasado 17 de abril a la UTE para atender sus reclamaciones.

La queja se elevó después de las cancelaciones y cambios en hoteles en Canarias, tras las denuncias de varios usuarios e incluso el motín de un grupo de ancianos que se negó a pernoctar en unos apartamentos de Santa Cruz de Tenerife.

En caso de producirse un tercer requerimiento, la sanción a Mundiplan del Imserso podría rozar los 10 millones de euros, al acarrear el 5% del importe de adjudicación, según la cláusula 18 de ejecución del contrato referidos a plazos y penalidades por cumplimiento defectuoso.

Mundiplan está enfrentando problemas para conseguir camas disponibles para sus ventas, de 142.000 plazas en caso del viaje a Canarias, y algunos turistas se han encontrado con cancelaciones por falta de alojamiento.

La comercialización de plazas de ese lote se efectuó entre el 19 y el 30 de noviembre, plazo en el cual las personas mayores acreditadas por el Imserso acudieron a las agencias fijadas para realizar la compra de la estancia establecida.

El Imserso recuerda que Mundiplan, que firmó el contrato el 17 de noviembre, tenía obligación de cumplir los requisitos exigidos para el servicio contratado, cuyo primer turno comenzó en diciembre.

Como responsable del Programa y en representación de los derechos de los usuarios, el Imserso ha dado cuenta a los órganos consultivos y de gestión, como son el Consejo Estatal de las Personas Mayores y la Comisión Ejecutiva del Consejero General del Imserso.

El pliego especifica que "el cumplimiento defectuoso de la prestación", que recoge un primer apercibimiento, supone una sanción del 1% del importe de la adjudicación, que para este caso es de 198,44 millones de euros, lo que se traduce en una sanción inicial de dos millones de euros.

A ello se suma un segundo apercibimiento, cuya sanción es del 3%, y que eleva la cuantía a seis millones de euros. En caso de producirse un tercero, la sanción del 5% supondría unos 9,92 millones.

Según el contrato, es cumplimiento defectuoso de la prestación cualquier actitud "de obstrucción y falta de colaboración del adjudicatario con el responsable del contrato, así como el incumplimiento de los compromisos y de las condiciones especiales de ejecución".

De aplicarse la sanción, podría sumarse una multa de la administración, que se añadiría a la ya mencionada penalización.

Los usuarios, por su parte, pueden aceptar ofertas de cambio de destino o fechas, así como el reembolso de la canidad pagada con compensaciones correspondientes, según los términos recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007.

Además, la norma recoge que "el usuario tiene derecho a un 5% del precio total si la anulación se produce entre dos meses y 15 días antes de la salida; a un 10% entre 15 y tres días; y a un 25% si ocurre 48 horas antes".