Según detalla en Consistorio en un comunicado, en la propia comunicación de la Agencia de Protección de Datos se "constata la colaboración activa" de la Agencia Tributaria con la Agencia de Protección de Datos durante sus inspecciones, así como todas las medidas adoptadas por el Ayuntamiento una vez detectados los fallos informáticos "que tienen su origen en situaciones anteriores a la actual Corporación municipal".

De hecho, recalca que el gobierno de la ciudad subsanó los fallos "de forma inmediata", abrió expedientes informativos a la empresa adjudicataria del servicio y adoptó las medidas oportunas para evitar que se repitieran esta tipo de situaciones aprobando, entre otras actuaciones, una "completa auditoría de seguridad" de la página web del Ayuntamiento, de la Agencia Tributaria y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

En cuanto a los motivos de la apertura del procedimiento de declaración de infracción, señala que los motivos se circunscriben principalmente a "una falta de adecuación de los pliegos de adjudicación y del contrato firmado posteriormente con la empresa Tecnocom en el año 2013 a la Ley de Protección de Datos".

"Cuando detectamos estas carencias en el contrato, nos pusimos inmediatamente a trabajar para subsanarlas y de hecho ya se han resuelto. En cualquier caso, en 2017 cuando se licite el nuevo contrato se incorporarán todas las exigencias de la Ley de Protección de Datos como no se hizo en 2013", explica Castillo.

También, detalla que la comunicación de la Agencia de Protección de Datos confirma además que los dos fallos informáticos tienen su origen en medidas adoptadas en los años 2014 y 2015. Así, señala que el primer problema de seguridad derivó de un cambio en la autenticación del acceso a los datos realizado el 8 de marzo de 2015, mientras que el segundo se remonta a agosto de 2014.

"Este gobierno ha actuado asumiendo con rigor, seriedad y transparencia, asumiendo la gravedad de los hechos, aunque afortunadamente de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por los servicios municipales, por la empresa adjudicataria y por la propia Agencia de Protección de Datos la incidencia y el alcance de estos fallos han sido mínimos", concluye Castillo.