A finales de 2008, Jesús María García tuvo que denunciar, en el ejercicio de sus funciones como Agente Forestal, la "ocupación ilegal de casi 2 hectáreas de la Reserva Natural de Los Sotos del Ebro por un familiar de la entonces consejera de Medio Ambiente Aranzazu Vallejo". En esas mismas, propiedades del Ayuntamiento de Alfaro, se arrancó toda la vegetación natural, que estaba protegida.

Esta denuncia, que "fue justamente sancionada por el Gobierno de La Rioja y posteriormente ratificada por los juzgados", trajo a Jesús María García - como consecuencia de "hacer bien su trabajo"- , una "persecución laboral en la Consejería de Medio Ambiente, que supuso se abrieran 3 expedientes disciplinarios en tan sólo 7 meses, cuando llevaba más de 20 años de servicio ejemplar sin una sola amonestación".

A consecuencia de esta situación, en febrero de 2011 - ni tan siquiera era diputado - presentó una demanda en el juzgado contra su empresa - el Gobierno de la Rioja-

una demanda que "no especificaba ni delitos cometidos contra él, ni tan poco señalaba a nadie como autor de dichos delitos. Se aportaban asépticamente los hechos y se dejaba a criterio del juez si abrir o no actuaciones".

El juez decidió abrir diligencias y llamó a declarar a muchos testigos, al demandante, a la administración, entre ellos a cinco Agentes Forestales que "habían sido testigos del acoso laboral y que dieron fe de ello".

Fue el Ministerio Fiscal, quién en base a las diferentes declaraciones pidió al juez la imputación de tres altos funcionarios como responsables presuntos de un delito de amenazas y coacciones. "Fue el fiscal, no Jesús María García, quién los imputó".

Con posterioridad, en noviembre de 2014 el juez decidió archivar provisionalmente el caso, pero tanto el demandante, como el Ministerio Fiscal recurrieron el archivo por "no estar de acuerdo".

Ahora, un año y medio después, el juzgado quita la razón a Jesús María García y al Ministerio Fiscal, archivando el caso.

Ante ello, los socialistas indican que es un caso legítimo de demanda laboral contra una empresa. "No un tema político ni que se derive de la gestión pública. Un tema de la esfera privada".

Tanto el demandante como el Ministerio Fiscal, "han defendido hasta el último momento la existencia de un presunto delito contra este Agente Forestal".

Por último, Jesús María García ya ha activado los protocolos para solicitar la documentación pertinente y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.