Las personas que viven de alquiler en la Comunidad de Madrid se lo piensan cada vez más a la hora de defraudar a Hacienda. Las ayudas públicas, las nuevas leyes y los beneficios fiscales son las principales causas que han provocado que los alquileres en negro se hayan reducido hasta 27,6 puntos en algo menos de diez años. Según los cálculos del sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda, el 32,4% de los alquileres de la región no se declaran en la actualidad frente al 60% registrado en el año 2006. El porcentaje está, sin embargo, por debajo de la media en España, donde el 41,4% de los arrendamientos no se declaran.En números absolutos estaríamos hablando de 139.042 casas en las que el inquilino no cuenta con un contrato de alquiler. El importe no declarado ascendería a 728,3 millones de euros.

El sindicato mayoritario de técnicos de la Agencia Tributaria señala varios factores que explican este importante decrecimiento del fraude en el alquiler. Por un lado, los beneficios fiscales que los propietarios pueden obtener declarando sus arrendamientos. Actualmente, se concreta en una reducción en el IRPF del 60% del rendimiento neto del alquiler declarado (el importe total del alquiler menos los gastos deducibles —IBI, comunidad...—), que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100% si el inquilino tenía entre 18 y 30 años. En la práctica supone, por ejemplo, que un propietario que reciba al año por su alquiler 6.000 euros (500 al mes) y tenga unos 2.000 de gastos deducibles, podría recibir una bonificación de 2.400 (el 60% de 4.000). De esta forma, el rendimiento obtenido por la vivienda sería de 1.600 euros.

Las bonificaciones también afectan al inquilino. En la región, los menores de 35 años pueden deducirse el 20% de las cantidades que hayan satisfecho por el arrendamiento de su vivienda habitual, hasta un máximo de 840 euros. Los ingresos no pueden superar los 25.620 euros anuales en tributación individual o los 36.200 en tributación conjunta. Los arrendatarios se han beneficiado además en los últimos años de ayudas públicas al alquiler. En Madrid, estas prestaciones para familias con dificultades económicas ascienden ahora al 40% de la renta anual del alquiler con un límite máximo de 2.400 euros por vivienda, lo que suponen 200 euros al mes. El importe a pagar por el alquiler debe ser igual o inferior a los 600 euros mensuales. De 2008 a 2011, los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros podían solicitar además una ayuda al alquiler estatal de 210 euros al mes. La subvención se derogó desde el 1 de enero de 2012, fecha a partir de la cual no se concedieron nuevas prestaciones.

Otro factor que ha influido fue la aprobación en 2009 de la ley del desahucio exprés por la exministra socialista Beatriz Corredor, que sirvió para agilizar los procesos de desalojos."Muchos propietarios optaron por regularizar entonces su situación para protegerse de los posibles impagos de renta", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha. Esta norma ha sido modificado posteriormente hasta el que el punto que hoy en día un propietario puede interponer una demanda de desahucio con tan solo un mes de impago. Si en diez días el inquilino no presenta alegaciones, se procede a la notificación de desahucio sin necesidad de juicio.

Mollinedo destaca, por otra parte, que la campaña de comprobaciones realizadas por Hacienda en viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas han hecho aflorar miles de rentas sumergidas. "Desde el año 2010 se dispone del consumo de luz de los hogares gracias a la información que suministran las compañías eléctricas", afirma el secretario general de Gestha, quien destaca que en las ciudades grandes como Madrid los alquileres en negro son menos habituales que en localidades pequeñas: "Hay una mayor preocupación. El anonimato de las grandes ciudades provoca que el propietario rara vez tenga referencias del inquilino y tome precauciones. Con un contrato es más fácil tomar medidas contra los impagos".

Los técnicos de este sindicato de Hacienda prevén que en los próximos años pueda aumentar el fraude al eliminarse la deducción estatal al alquiler para el inquilino: «Desde el 1 de enero de 2015 se ha suprimido la deducción estatal para el alquiler. Es previsible que esta incidencia suponga un empeoramiento de la situación, aunque no va a ser muy significativo». La deducción estatal era del 10,05% de las cantidades satisfechas para rentas que no superen los 24.107,20 euros brutos.

Si la Agencia Tributaria detecta un alquiler irregular, obligará al propietario a pagar una multa más los intereses de demora. La cuantía total de la sanción equivale al dinero no ingresado más un recargo que oscila entre el 50% y el 150% de lo defraudado en función de la calificación de la sanción (leve, grave o muy grave). Por ejemplo, si se han dejado de pagar 2.000 euros y la sanción es considerada leve, el propietario tendría que abonar 3.000 euros (2.000 de lo adeudado más 1.000 de la multa).

Por comunidades, Murcia, Canarias y Andalucía son las tres autonomías con mayor porcentaje de alquileres sumergidos, con un 61,1%, 55,6% y 55,4%, respectivamente. Los técnico de Hacienda destacan que estas tres regiones son de las que más turistas reciben, una circunstanción que favorece la clandestinidad, ya que buena parte de los alquileres vacacionales tampoco suelen declararse al tratarse de acuerdos por semanas e incluso por días. No obstante, hay que señalar que es la ciudad autónoma de Melilla la que ostenta la tasa más elevada, con el 61,6% de los alquileres fuera del control de Hacienda. En el lado opuesto se sitúan Galicia, Castilla y León y Aragón, que registran las tasas de arrendamientos en negro más bajas de España: 25%, 23,1% y 21,2%, respectivamente.