Así lo ha anunciado, en un comunicado, el Ejecutivo regional, que ha resaltado que, de este modo, cumple el mandato parlamentario aprobado el pasado 18 de abril con los votos del PP, Podemos y Ciudadanos para encomendar siempre que sea posible su defensa a los letrados de la función pública.

Textualmente, en dicha resolución se instaba al Ejecutivo a que "en los procesos judiciales en que sea parte directa o indirecta encomiende su defensa, siempre que sea legalmente posible, a letrados de la función pública".

El objetivo de este acuerdo es el asesoramiento, representación y defensa de la sociedad pública en el llamado 'caso Racing', que sigue el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander, por parte de los letrados de la comunidad autónoma.