El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, ha afirmado que es "prudente esperar" a conocer la evolución de ingresos en la Hacienda foral antes de decidir sobre la devolución de la parte pendiente de la paga extra suprimida en 2012 a los funcionarios.

Aranburu, en respuesta a una pregunta de UPN en el pleno del Parlamento, ha afirmado que los Presupuestos Generales de Navarra para 2016 incluyen una disposición adicional que prevé que la reversión de las cocinas hospitalarias y la devolución de la extra "gozarán de condición prioritaria a la hora de incrementar su cuantía a lo largo de 2016 cuando las previsiones de ingreso así lo permitan".

El consejero ha explicado que los datos de recaudación en marzo reflejan un incremento de ingresos del 1,47 por ciento, pero ha precisado que el dato de marzo "todavía es débil en cuanto a significación para la extrapolación de todo el año".

"Por prudencia financiera todavía no estamos en situación de comprobar que se han dado las previsiones de ingresos que permitan atender esta pretensión legal. Creo que lo prudente es esperar un tiempo más para ver si las previsiones de ingresos nos permiten afrontar esta previsión legal, que estaremos encantados de cumplir", ha dicho el consejero, para añadir que "en otro caso, mantendremos el calendario previsto", es decir, la devolución definitiva de la extra en 2018.

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado que "no hay pretextos" para no devolver la parte pendiente de la extra y ha argumentado que hasta marzo los ingresos han aumentado en 15 millones de euros y además "el Gobierno dispone de 70 millones más para poder gastar al ampliarse el objetivo de déficit".

Así, Sánchez de Muniáin ha indicado que no entiende "por qué se empeña el Gobierno en no acometer la devolución de la extra" y ha cuestionado que con la disposición legal en los presupuestos se busque "engañar a algún socio de Gobierno".

Aranburu ha precisado al parlamentario de UPN que el incremento de ingresos es de 9,5 millones y "seguimos en un escenario poco favorable a tomar la decisión". "No negamos la previsión legal. Tenemos muchos meses por delante, lo que no vamos a hacer es electoralismo", ha asegurado.

Además, ha dicho que el aumento del objetivo de déficit no significa que "tengamos más dinero, sino que tenemos un mayor margen a la hora del baremar el cumplimiento del déficit". "No se puede destinar libremente a aspectos que no estén previstos", ha indicado.