El hombre había asegurado en su demanda, por la que pedía la nulidad del despido declarado disciplinario por la empresa ante una "disminución continuada y evidente de su rendimiento", según le trasladó en una carta; que había sido "vigilado" para tratar de encontrar "algún error" en su gestión y que era objeto de una "una campaña de descrédito, persecución y acoso".

Según han explicado a Europa Press fuentes del caso, el exempleado ha aceptado tras una prolongada negociación un acuerdo previo ya ofrecido en el momento de su despido. El trabajador mantuvo una dilatada actividad como representante sindical hasta mayo de 2012, esto es, hasta dos años y siete meses después de que la Policía Judicial interviniera el Consistorio ejidense y las oficinas de la empresa mixta para la intervención de documentación y la práctica de arrestos.