La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión Sindical Obrera (USO) se han concentrado hoy frente al Palacete del Gobierno regional contra el "bisindicalismo" tras la "injusta" Ley de Diálogo Social.

Ambos sindicatos han mostrado su rechazo a la Ley de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja, que fue aprobada el pasado 31 de marzo en el Parlamento riojano, y que deja "fuera del diálogo y de la negociación a más de un treinta por ciento de los representantes sindicales".

Así, destacan CSIF y USO, "se impiden que un tercio de los trabajadores de esta región puedan tener voz o voto en las mesas del diálogo social".

"A pesar del propio enunciado de esta ley, la misma no promueve la participación ni el diálogo sino que la cierra y lo blinda, única y exclusivamente, a los de siempre: los sindicatos del bipartidismo y la Federación de Empresarios de La Rioja", han señalado.

Para ambos sindicatos, la Ley "vulnera los derechos y libertades de gran parte de los trabajadores de la sociedad riojana a los cuales representan la CSIF, USO y otras organizaciones, discriminándolos descaradamente".

De este modo, CSIF y USO han vuelto hoy al Palacete del Gobierno regional, bajo el lema '

No a los corralitos' y se han concentrado frente al Palacio de Gobierno, además de entregar una carta para el presidente del Gobierno, Jose Ignacio Ceniceros.

En el escrito, los máximos dirigentes en La Rioja de ambos sindicatos, Jesús Vicente Hernández (CSIF) y Javier Martínez (USO) han solicitado "amplia información de la propia Ley de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja; de la Fundación Laboral de la Construcción; del Tribunal Laboral de La Rioja y del plan de empleo 2011-2015".

"CSIF y USO no se explican cómo una organización privada como es el Tribunal Laboral con un presupuesto de 125.270,00 euros en 2014, recibiese ese mismo año 141.075 por un convenio de colaboración y 124.599 por una subvención nominativa. Es decir, 265.000 euros de dinero público para desarrollar actividades que le son propias y deberían financiarse de manera privada, dado que el Gobierno de La Rioja ya dispone de un organismo, la UMAC que se encarga de ello", han indicado.

CSIF y USO seguirán con movilizaciones para corregir una normativa tan injusta y excluyente sindescartar recurrir al Constitucional.