El grupo parlamentario de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha registrado una queja formal al entender que el Gobierno del Principado ha cumplido "defectuosamente" ante su solicitud de información relativa a la sentencia judicial que obliga al Ejecutivo regional a pagar a Telefónica más de ocho millones de euros.

En el escrito, la diputada de Podemos Lorena Gil señala que la aportación que le ha hecho llegar el Principado incluye en su índice una serie de documentos que luego no aparecen en la documentación.

"Considerando que la solicitud de información se ha cumplido defectuosamente, se formula la presente queja, a fin e que se adopten las medidas procedentes para su debido cumplimiento", señala Gil en su escrito.

Se trata de 23 documentos que faltan en la documentación aportada, según Podemos. También alegan que falta la contestación a la demanda del segundo contencioso, el escrito de conclusiones, la sentencia del segundo pleito y el recurso de interposición de la casación ante el Tribunal Supremo.

Deuda millonaria

Según información recabada por Europa Press, el Gobierno asturiano ha tenido que hacer frente a la deuda, relativa al periodo 1998-2005, tras así declararlo el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo.

Según el acuerdo, el Ejecutivo tiene que pagar a la empresa 14,7 millones. Ya pagó en diciembre de 2015 ocho millones. Retomarán los abonos en 2017, con un pago de 3,3 millones, y en 2018, con otro pago de la misma cuantía, ambos en el primer trimestre.

Este asunto salió a relucir en la comparecencia de Hacienda y Sector Público, a finales de noviembre de 2015, relativa al proyecto presupuestario para el año 2016. El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, fue preguntado por los diputados regionales sobre cómo tenía pensado hacer frente a la sentencia.

Blanco reconoció que se estaba pagando y que existía "un acuerdo" con Telefónica por el que se han periodificado una serie de pagos y ya se estaban atendiendo. "No hay ninguna cosa extraña detrás de esa sentencia, más que una discrepancia, lógica, en la defensa del interés público respecto a las cantidades que nos facturaba. En un momento determinado, entendimos que las cantidades que se facturaban no eran las correctas y hubo una discrepancia, que al final se saldó pues con esa sentencia. Y se está pagando", explicó el dirigente asturiano.

El origen de esta deuda se remonta al contrato suscrito del Principado con Telefónica con fecha de 1 de octubre de 1998 bajo el título ' Prestación de un servicio integrado de voz, datos e imágenes (Red Corporativa del Principado de Asturias)'. En menor medida, también afecta la deuda al 'contrato del Servicio Avanzado de Telecomunicaciones de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos', de 24 de junio de 2005.