La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la prisión provisional de los tres principales implicados en la red de fraude de la cadena Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman, al apreciar sobrados indicios de delito y un elevado riesgo de fuga.

Fuentes jurídicas han informado de que la sala desestima el recurso de apelación presentado por las defensas de Colman, del vicepresidente y su hombre de confianza, Bartolomé Conte, y de Javier Arteaga contra el auto de prisión dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid).

Los magistrados ratifican el auto de la juez que ordenó prisión provisional sin fianza para los tres principales implicados en la trama criminal por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, delito contable y delito de organización criminal.

Igualmente, la Audiencia de Madrid confirma la prisión para Yolanda Copete y Óscar Arteaga, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal; mientras que acepta el recurso del testaferro Julio Nicolás Sisinni, que ha sido puesto en libertad por cuestiones médicas, al estar enfermo de cáncer, precisan las fuentes.

La sala considera que el auto de prisión contra cinco de los seis implicados en la red de fraude de la cadena Vitaldent está motivado al considerar que los detenidos forman parte de una organización criminal, como así lo entiende también la Fiscalía.

Pero al tiempo mantiene la prisión porque existe un patente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, ya que se investiga un supuesto fraude millonario en la gestión de las clínicas, añaden las fuentes, que recuerdan que parte de la causa sigue bajo secreto sumarial.

Ahora, la investigación seguirá adelante en el Juzgado número 2 de Majadahonda, después de que el juez Eloy Velasco rechazara hace dos semanas quedarse con el caso Vitaldent al entender que "no tiene la entidad suficiente" para declararlo competencia de la Audiencia Nacional, como así lo había pedido la juez de Majadahonda.

La cúpula de Vitaldent recibía cada año 17,2 millones de euros en B solamente de las 146 clínicas propias que tenía la cadena, como así recoge el auto de prisión de la jueza, que considera probado que un grupo de personas, entre ellas el propietario, había diseñado "un complejo sistema defraudatorio hacia los franquiciadores, clientes y pacientes y la propia Hacienda".

Cada clínica tenía que pagar en efectivo a la matriz el 10 por ciento de la franquicia acordada. Pero además, se había articulado un sistema de recogida de dinero en efectivo para las clínicas propias y otras de confianza que ascendía a 10.000 euros mensuales.

Colman, que tenía dos cuentas en Suiza, según había detectado la Agencia Tributaria, planeaba dejar el negocio en manos de otros ante la sospecha de que sus prácticas ilícitas podían estar siendo investigadas tras las denuncias presentadas en algunas de las clínicas.