El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha considerado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, debería "escuchar a los municipios" y en concreto al de Badajoz sobre la apertura del comercio en festivos.

Preguntado por qué espera del Consejo Regional de Comercio que se celebra este martes, Monago ha considerado que "habría que escuchar a aquellos municipios que tenían una opinión al respecto" y que le "parece que es una cuestión esencial".

"Hoy se nos ha recordado a través de la prensa que las competencias son de la Junta, poco menos como diciendo: 'vamos a escuchar al Consejo de Comercio pero las competencias son nuestras' en una clara voluntad de acallar la voluntad de una mayoría de la corporación municipal de Badajoz y que afecta a algunos municipios", ha sostenido.

De igual modo, el líder del PP regional ha afirmado que Extremadura es "campo" y sector agroalimentario, agroindustrial, exportaciones o internacionalización y que algunos núcleos de población son "sector servicios".

"En esta nueva política, la política del siglo XXI, la política de la subsidiariedad donde hay que escuchar a los que están en el terreno, no estaría de más que el señor Fernández Vara escuchara al terreno, y el terreno me estoy refiriendo en concreto a esta ciudad en la que estamos hoy, Badajoz es una ciudad de servicio con una vocación de comercio, y a mí no me parece razonable que queramos al final cercenarnos una posibilidad", ha señalado Monago.

También se ha referido a la presencia de "posibles ofertas" en Portugal o al incremento del comercio electrónico y ha defendido que, si se tiene una "vocación" de ciudad de servicio y de comercio se debe trabajar por la misma "y no por la clausura". "Yo creo que el intentar cerrar este tema en falso sin escuchar puede ser que tenga consecuencias muy negativas", ha espetado Monago.

Cierre del consejo consultivo

Por otro lado y en relación a la ciudad de Badajoz y al cierre del Consejo Consultivo, José Antonio Monago ha confiado, preguntado por qué espera de los recursos que se han presentado contra dicha supresión, en que salgan adelante dado que "se hecho mal" y los extremeños "tienen que saber" que dicho cierre "no ha supuesto ahorro económico" dado que "lo que han hecho ahora es formarse un nuevo grupo de letrados, es decir, más personal".

Ha apostillado que el Consejo Consultivo está creado por el Estatuto de Autonomía y que "se pueden suprimir los órganos pero hay que hacerlo bien", así como que dicho órgano tiene unas competencias "tasadas" en una Ley del Consejo Consultivo y "aquí se están aprobando muchas normas en Extremadura sin dictaminar el Consejo Consultivo porque lo han eliminado", de modo que "al gobierno ahora mismo le falta amparo legal para muchas de las medidas que están haciendo".

Reunión con la plataforma en defensa de la pesca

José Antonio Monago ha hecho estas declaraciones tras mantener un encuentro en la sede provincial del PP en Badajoz con representantes de la Plataforma en Defensa de la Pesca, en relación a lo cual el 'popular' ha avanzado que su grupo va a presentar una iniciativa en el Parlamento extremeño en defensa de este sector y ha esperado que cuente con el apoyo de los grupos políticos que "quieren", "entienden" y "viven esta región".

En esta línea, ha considerado que en Extremadura hay 150.000 licencias de pesca que suponen un gasto anual de 150 millones de euros en la región de interior de España con más kilómetros de costa, lo cual es un "potencial" para el ocio, el turismo, el deporte y económico que "es una realidad", pero que la ley del año 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de Patrimonio natural y biodiversidad ha traído "consecuencias" que pueden conllevar "una repercusión muy grave".

"El caso es prohibir y siempre nos toca a nosotros ¿no? a lo que son los espacios rurales, al mundo rural de España que para una oportunidad que tiene cuando la va encontrando al final siempre se trunca con una mala ley, con una ley que además está inspirada por los que viven en ciudad", ha indicado Monago, para quien especies como la carpa, el lucio, la trucha o el cangrejo "no producen ningún problema".

Especies autóctonas,

Alóctonas e invasoras

A este respecto, el representante de la Plataforma en Defensa de la Pesca en la región, Carlos Bueno, ha explicado que la Ley 42/2007 que clasifica las especies como autóctonas o invasoras salió en el año 2007, y que en el 2011 un real decreto programó cómo actuar ante esas especies y posteriormente se han ido haciendo disposiciones transitorias o reales decretos.

Ha apuntado que una reciente sentencia del Tribunal Supremo "ha vuelto a orientar hacia el primer planteamiento, que era el de la erradicación" de determinadas especies, dado que en la citada ley "no se contempla una especie intermedia como ocurre en otros países de Europa" que es la especie alóctona, que no es autóctona pero está "naturalizada porque ya lleva mucho tiempo en ese país".

"Todas estas especies se quieren eliminar y se quieren incluir dentro de un catálogo junto con otras especies que son realmente peligrosas, como por ejemplo puede ser el mejillón cebra o por ejemplo puede ser el camalote", ha recalcado Bueno en relación a especies que se pueden encontrar en Extremadura y que son alóctonas como la carpa, que "lleva más de 2.000 años" en la región, la trucha arco iris que lleva unos 800 o el cangrejo de río, el black-bass o el lucio que lleva 100 años.

Se trata, ha agregado, de especies que se introdujeron cuando se crearon espacios artificiales al montar en los ríos presas para dar luz eléctrica a las casas y que carecían de peces autóctonos, al tiempo que ha pedido que se modifique la Ley 42/2007 para que se considere "la especie naturalizada de un interés específico, de un interés social, de un interés económico o un interés deportivo".

Bueno ha ahondado por último en que, a nivel nacional, se trata de más de 3.000 millones de euros en facturación "que se deja de facturar", más de 750 millones de euros en IVA que "desaparecerían" o de miles de puestos de trabajo que irían "a la calle" y que, en el caso de Extremadura hay 150.000 licencias de pesca que gastan unos 150 millones de euros al año "solo a nivel de aficionados".