La Junta recurrirá ante el TC la nueva Ley estatal de Montes por vulnerar competencias autonómicas

La norma incluye la creación de una red nacional de caminos naturales sobre infraestructuras "de titularidad exclusiva de las comunidades"

La norma incluye la creación de una red nacional de caminos naturales sobre infraestructuras "de titularidad exclusiva de las comunidades"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra varios preceptos de la nueva Ley de Montes, aprobada en julio por el Congreso de los Diputados, por considerar que la norma "invade atribuciones de la comunidad autónoma y vulnera tanto la Constitución Española como el Estatuto de Autonomía".

El recurso se centra en los apartados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Disposición Adicional Sexta, que otorgan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente atribuciones sobre construcción de caminos naturales de carácter básico y secundario; ejecución de obras y labores para su mantenimiento, e incorporación a la red nacional de itinerarios creados por otras administraciones.

A juicio del Gobierno andaluz, "esta red pretende asentarse sobre infraestructuras lineales de competencia exclusiva de las comunidades, como son las vías pecuarias, los caminos forestales o los senderos de espacios naturales". En el caso de Andalucía destacan los más de 24.000 kilómetros de cañadas, cordeles y veredas que actualmente gestiona la Junta.

En la misma línea, la Junta advierte de que la Ley de Montes "otorga al Estado, además, la posibilidad de intervenir en ellos sin contar con la participación de la administración autonómica". El Ejecutivo andaluz recuerda que durante la tramitación de la norma no se hizo mención a este supuesto, lo que ha generado "indefensión" a las comunidades y una "vulneración" de sus estatutos.

Además de todo ello, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha subrayado en rueda de prensa que la citada norma plantea una "peligrosa marcha atrás" que "da alas a los especuladores" al "permitir la recalificación de zonas forestales quemadas".

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