La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno foral, María José Beaumont, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, han presentado este martes las nuevas instalaciones de la oficina de atención a las víctimas de delito, que se ubican ahora en la planta baja del Palacio de Justicia, en la calle de San Roque de Pamplona, enfrente del Decanato.

Además, el Gobierno de Navarra ha incrementado la plantilla de este servicio gratuito, que ha pasado de contar con una psicóloga y un administrativo, a tiempo parcial este último, a tener seis profesionales, de los que una es psicóloga, otra licenciada en Derecho, dos trabajadoras sociales, un administrativo y una administrativa, a tiempo parcial estas dos últimas personas.

También cuenta con un equipo externo de profesionales en psicología, que realizan los tratamientos terapéuticos que necesiten las víctimas.

Esta oficina, que hasta ahora se ubicaba en la calle Monasterio de Irache, atendió el pasado año a 250 personas, en su mayoría víctimas de delitos de violencia de género, de agresiones sexuales a mujeres y menores de edad, de violencia doméstica, y de robos y agresiones con intimidación o fuerza.

En la presentación de las nuevas instalaciones, la consejera Beaumont ha defendido que "la Administración de Justicia debe consolidar y reforzar los recursos que destinan a algunos servicios como este de naturaleza muy personal y que ayudan a superar los traumatismos que generan los delitos".

"Desde el Gobierno de Navarra hemos querido contribuir a aportar más medios humanos y materiales a esta oficina con la idea de visibilizar que es un recurso al servicio del ciudadano de la administración de Justicia de tal manera que la cercanía y la inmediatez contribuyan a que así sea considerado por la ciudadanía", ha destacado.

En este sentido, ha resaltado que "estamos contribuyendo con ilusión y con el convencimiento de que estos recursos son no solo necesarios, sino obligatorios para llegar a los estándares europeos, pero sobre todo para garantizar la igualdad en todo el territorio navarro porque hasta ahora sólo los ciudadanos de la capital eran quienes tenían acceso a los programas de atención a las víctimas".

Así, se ha comprometido a "seguir impulsando cuantas medidas organizativas y de impulso se presenten ante la consejería para mejorar el servicio público que presta la administración de Justicia".

Por su parte, el presidente del TSJN, Joaquín Galve, ha destacado que le resulta "sumamente gratificante" poder asistir a la presentación de las nuevas instalaciones de la oficina de atención a las víctimas, "un servicio público de una importancia y trascendencia innegables, en tanto en cuanto significa un adelanto, una mejora sin duda necesaria en la administración de Justicia".

"Debemos admitir que el daño a la víctima ni termina ni se satisface con el proceso penal. La protección de las víctimas parte del reconocimiento de su existencia y la concesión de protagonismo tanto en la definición de lo injusto, como en su respuesta penal, así como en el tratamiento del proceso", ha remarcado.

En la presentación de estas nuevas instalaciones también han participado la directora general de Justicia, Lourdes Aldave; el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez; el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi; y la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas, Izaskun Gartzaron.

Una atención integral a las víctimas

La atención que se presta a las víctimas en la oficia es integral. Así, se les asesora sobre qué hacer y a dónde acudir en cada caso concreto, se les presta apoyo psicológico, se les ofrece asesoramiento jurídico, se les orienta sobre los recursos sociales disponibles en Navarra y se les ayuda a completar los trámites previstos por la ley.

Además, la oficina de atención a las víctimas de delitos realiza otras funciones como la atención a las familias que quieren iniciar el trámite de una incapacidad civil o el enlace entre los juzgados de Instrucción y Penal con los profesionales que realizan la mediación penal entre las partes.

Con esta nueva ubicación, se pretende visibilizar esta oficina como un recurso más de la Administración de Justicia que el Gobierno de Navarra pone a disposición de la ciudadanía, facilitando su acceso e inmediatez al encontrarse en el mismo edificio que los juzgados. Con la ampliación de la plantilla, sus profesionales podrán ahora desplazarse a otros lugares de la geografía foral si es necesario.

Un total de 181

Expedientes nuevos en 2015

La oficina de atención a las víctimas del delito inició el año pasado 181 expedientes, de los que el 63% se correspondieron a violencia de género, el 5% a menores víctimas de abusos o agresiones sexuales, el 4% a violencia doméstica, el 3% a delitos contra la libertad sexual, el 1% a violencia secundaria (hijas de mujeres víctimas de violencia de género) y el 20% a otros delitos.

El resto de personas atendidas, hasta llegar a las 250 mencionadas anteriormente, son víctimas cuyos expedientes se iniciaron en años anteriores pero que continúan recibiendo una atención o tratamiento, según sus necesidades.

De los 181 expedientes abiertos en 2015, 114 se correspondieron a víctimas de violencia de género. De las personas atendidas por este tipo de delitos, 71 (el 62%) presentaron una denuncia en el Juzgado y la autoridad judicial acordó medidas de protección en 35 casos (el 49%).

El 61% de las víctimas de violencia de género tenían menores a su cargo y todas tenían o habían tenido una relación afectiva con el agresor. En 44 casos era su cónyuge, en 36 su compañero o novio, en 21 su excónyuge y en 13 su excompañero o exnovio. En cuanto a su nacionalidad, el 80% de las víctimas eran españolas y la mayoría tenían entre 31 y 40 años (41 mujeres), seguidas del grupo de edad de 41 a 50 años (33), y de 18 a 30 años (25).

Durante el pasado año, la oficina de atención a las víctimas del delito también realizó 135 intervenciones de urgencia, generalmente en comisarías policiales. El 80% de ellas por violencia de género, el 6% por violencia doméstica y el 5% por violencia contra la libertad sexual.