El parlamentario del PP vasco, Javier Ruiz de Arbulo Cerio, ha registrado una enmienda a la totalidad en la que pide la devolución al Gobierno vasco de la Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, al considerar que el Gobierno no ha consultado a los representantes de los trabajadores y considera que "se han obviado" los trámites necesarios.

Además, los populares critican que "la norma pretende regular, de manera uniforme, servicios de muy diferentes administraciones" y en territorios "con unas características geográficas y de población muy distintas".

En su iniciativa, Ruiz de Arbulo señala que el proyecto de Ley de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento se ha presentado al Parlamento para, según establece su "peculiar" exposición de motivos, "ordenar la actividad de prevención y extinción de incendios y salvamento en la Comunidad Autónoma de Euskadi" y, para ello, "la Ley regula los servicios de tal naturaleza de las administraciones públicas vascas y las singularidades del régimen estatutario de su personal".

En este sentido, considera que trata de "un proyecto ambicioso al que el texto presentado no puede siquiera aspirar a servir, puesto que, tal y como se ha puesto de manifiesto de manera rotunda y evidente durante las comparecencias que se han venido produciendo en el ámbito de la ponencia creada al efecto, no se ha tenido en cuenta a una parte muy importante de los afectados por la puesta en marcha de la norma".

De esta forma, apunta que se ha contado con las administraciones competentes de los diferentes servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunidad, Diputaciones Forales y Ayuntamientos, "pero no con quienes los conforman".

El representante popular ha manifestado que "todos los representantes de los trabajadores han sido unánimes en dos aspectos, tanto en los contactos que este grupo parlamentario ha mantenido con ellos, como en las comparecencias en el seno de la Ponencia".

"Ni se les ha consultado o escuchado en la elaboración de la norma, ni la misma, por su contenido, cubre las necesidades del personal que debe prestar los servicios", asevera.

En esta línea, asegura que "es muy conocida la nefasta relación del Departamento que ha elaborado la norma con los representantes sindicales de aquellos servicios que de él dependen", e indica son "continuos los enfrentamientos en sede parlamentaria, medios de comunicación, e incluso en los tribunales".

"Pero esa mala relación y falta de interés institucional, no justifica en absoluto que se hayan obviado los necesarios trámites de elaboración de un proyecto de ley. Y ello incide negativamente en el resultado de la norma, puesto que no cumple con los objetivos que debiera al haber dejado de lado a quienes más conocen los servicios a regular, sus peculiaridades de funcionamiento y las características del personal que los sustenta", indica.

UNIFORMIDAD

Por otra parte, subraya que "la norma pretende regular, de manera uniforme, unos servicios que se prestan por parte de muy diferentes administraciones, en territorios con unas características geográficas y de población muy distintas".

"Esta circunstancia dificulta la creación del proyecto. Lo que pudiera parecer una excusa, no es argumento válido puesto que la Comunidad es así, y el Gobierno ha tenido tiempo para presentar un proyecto más elaborado que, verdaderamente, regule los servicios dependientes del resto de administraciones vascas", añade.

Javier Ruiz de Arbulo señala que, "a lo largo de la legislatura, no se han presentado apenas proyectos de Ley en sede parlamentaria, en una evidente dejación de funciones por parte del Gobierno, llegando al final de la misma con diferentes trabajos mal elaborados, incongruentes entre sí y con clara vocación de fracaso".

De esta forma, cree que "este proyecto regula parcialmente la ordenación del personal, algo ya incluido en otras normas aprobadas y que en realidad se debiera haber recogido en el Estatuto del Empleado Público".

"Si bien, este otro proyecto no verá la luz en esta legislatura por similares motivos de inexistencia en la negociación con los representantes de los trabajadores. Por todos estos motivos, es por lo que se solicita la devolución del proyecto al Gobierno", concluye.