La ONG Human Rights Watch (HRW) ha documentado en un informe "abusos" cometidos por la Unión Europea "en su carrera loca por iniciar el acuerdo de deportaciones a Turquía" y acusa a la Unión Europea y a Grecia de no respetar "los derechos humanos" de las personas que solicitan el asilo.

Personal de la ONG visitó en el centro de detención de la isla de Chíos, en Grecia, a una docena de amigos de un grupo de afganos deportados el 4 de abril a Turquía para confirmar que, según sus testimonios, "no se informó previamente a los expulsados de su traslado, no les comunicaron dónde les llevaban e incluso no permitieron que se llevaran consigo todas sus pertenencias personales", señala HRW en su informe.

Además, la ONG explica que contrariamente a lo que informaron las autoridades griegas, ACNUR tiene conocimiento de que al menos trece de estos deportados habrían manifestado su deseo de solicitar asilo en Grecia, algo que impediría su deportación exprés.

Grecia anunció hace diez días que suspendía las deportaciones por un plazo aproximado de dos semanas. Human Rights Watch reclama ahora a las autoridades griegas que prorroguen la paralización de las expulsiones hasta que se puedan garantizar las salvaguardas efectivas para garantizar el derecho a solicitar el asilo.

Según relatan los testigos de la expulsión documentada por Human Rights Watch, la Policía se llevó a sus compatriotas bajo el pretexto de que iban a ser inscritos como solicitantes de asilo y se marcharon sin sus pertenencias. "Se fueron felices y si hubieran sabido que iban a ser deportados hubieran cogido sus maletas, dinero y documentos".

Entre los deportados ese día había una familia afgana que tuvo que dejar su casa cuando los talibanes atacaron su localidad en 2009 y huyeron a Kabul. Los testigos aseguran que cuando un miembro de la familia supo que iba a ser deportado comenzó a chillar y sus lamentos fueron contestados con una protesta general en el centro de detención, al grito de "Europa es una vergüenza" y "No se respetan los derechos humanos". Esa misma noche, los 66 elegidos para la deportación fueron obligados a salir del centro y a montar en un autobús.

"Sus familias nos están llamando y se preguntan que dónde están. No lo sabemos", aseguró uno de los testigos a HRW.

Los migrantes y refugiados en el centro de detención de Chíos pudieron seguir mediante SMS los pasos que iban siguiendo sus allegados y conocidos. "Nos acompaña un policía a cada uno, esto es incómodo", decía uno de los mensajes enviados ya desde la embarcación rumbo a Turquía. Una vez en tierras turcas fueron subidos a bordo de un autobús sin saber a qué ciudad se dirigían.

Los últimos mensajes enviados por los deportados desde Turquía decían que les habían ingresado en un centro "parecido a la cárcel" y que la Policía les iba a requisar sus teléfonos". Desde entonces, nada. Human Rights Watch intentó comunicarse con cuatro de los teléfonos de los deportados, tres de ellos estaban apagados y uno fuera de servicio.

La ONG no encuentra base jurídica para la confiscación de los teléfonos de los deportados, máxime cuando son instrumentos necesarios para estar en contacto con sus familias. HRW consideró esta medida "innecesaria", "cruel" y "una  violación de los derechos de las personas".

Sobre los trece deportados que al parecer habían solicitado asilo a Grecia, HRW lamenta que no esté clara cuál es su situación actual, ni si van a poder reivindicar su derecho una vez en Turquía. La ONG denuncia, asimismo que la autoridades turcas les han denegado la visita a los centros en los que se alojan las personas expulsadas por la Unión Europea.