El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha conseguido el tercer grado penitenciario por parte de la juez de Vigilancia Penitenciaria del Juzgado número 3 de Madrid, un año y casi cinco meses después de ingresar en la prisión madrileña de Aranjuez, tras la condena a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'.

Esta decisión se ha producido en contra del criterio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que se opuso a la concesión de este tercer grado, por la que Fabra sólo tendrá que acudir a pernoctar a la prisión.

Actualmente el ex dirigente 'popular' se encuentra interno en la cárcel de Aranjuez y estaba clasificado en segundo grado, lo que le había permitido disfrutar de varios permisos ordinarios de salida de la cárcel.

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Denegación de indulto

Carlos Fabra ingresó en la prisión madrileña de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014, diez días después de que el Gobierno acordara denegar la petición de indulto solicitada por el exdirigente 'popular', quien presentó la petición a finales de agosto ante el Ministerio de Justicia tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenaba.

De esta forma, Carlos Fabra ingresó en prisión tras un juicio y una sentencia que en noviembre de 2013 puso fin a un auténtico 'maratón' judicial, cuya instrucción se prolongó a lo largo de una década y de multitud de cambios en el juzgado de Nules encargado de la causa, por el que pasaron hasta nueve jueces.

El origen del proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.