La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denuncia que la Junta de Castilla y León está discriminando a casi un 25 por ciento del total de sus empleados públicos, muy especialmente a la inmensa mayoría de los funcionarios de los llamados cuerpos especiales, como son los ingenieros, arquitectos o agentes medioambientales, porque no se convocan concursos de traslado.

CSI-F advierte a la Junta de Castilla y León de que el sindicato está valorando el inicio de acciones legales, "para conseguir las convocatorias de traslados que estos funcionarios de los cuerpos especiales demandan desde hace años".

CSI-F, a través de un comunicado recogido por Europa Press, lamenta que "en algunos casos llevan esperando más de diez años, una eternidad en la carrera funcionarial, a que se convoquen esos concursos de traslado, sin tener posibilidad de optar a la forma común de provisión de plazas".

De esta manera, la Junta "está destrozando el futuro laboral de estos miles de empleados, sesgando de facto toda posible conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por la ausencia de movilidad interna, que además es la única forma de carrera profesional con la que cuenta esta administración, ya que la promoción interna es ridícula en estos cuerpos", insiste el sindicato CSI-F, que lleva inmerso más de dos años en una campaña de promoción de concursos de traslados de todos los cuerpos especiales de la administración regional, solicitándolos a los responsables de todas las consejerías.

CSI-F añade que la Junta está alargando además la negociación del "firmado, esperado y prometido" concurso de traslados abierto y permanente de funcionarios.

"O lo ha dejado en el abismo del olvido o de las promesas incumplidas, con lo que si vemos ejecutarse la oferta de empleo público de 2016, este 25% de funcionarios del que hablamos verá cómo esas plazas por las que lleva esperando hasta diez o más años serán ofrecidas a personal de nuevo ingreso, saltándose todos los principios de igualdad, mérito y capacidad que puede haber, además de un par de leyes, sin importancia para algunos, como la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que establece una periodicidad de un año para los concursos de traslados".

Por ello, CSI-F reclama a la Junta que "despierte del olvido y acelere" la convocatoria del concurso abierto y permanente para funcionarios, antes de que se resuelvan los distintos procesos de la oferta de empleo público de 2016 o "tenga el exquisito cuidado de que todas las nuevas incorporaciones se adjudiquen en destino provisional", aunque recuerda que ello no se ha cumplico en muchos casos.