El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha incoado diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, por unos hechos en lo que habría participado en su calidad de antiguo titular del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

Según recoge un auto fechado el pasado 12 de abril, los informes de la Policía judicial, así como la documentación recabada, "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra del edificio universitario de Espacios Tecnológicos que pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de Arquitectura en detrimento de otros, lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a don Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla como firmante de las resoluciones".

Los hechos, en caso de ser confirmados, "podrían tener relevancia penal, por lo que han de ser investigados", señala la resolución judicial, que añade que en cuanto a la autoría, "el hecho de que todas las resoluciones hayan sido dictadas por el sr. Ramírez de Arellano López por tener competencia para ello, en su calidad de Vicerrector de Infraestructuras, conduce a dirigir contra él la investigación, sin perjuicio de lo que de su desarrollo pudiera derivar".

La Sala también recuerda que la decisión de incoar unas diligencias previas está en función de una primera valoración de lo expuesto en la denuncia o querella y de su verosimilitud. En este sentido, se señala que "que la verosimilitud comporta un grado de convicción inferior a la constatación de indicios racionales de culpabilidad y que por tanto deja intacta la presunción de inocencia, pues únicamente determina que el órgano judicial deba realizar diligencias de investigación que conduzcan a valorar si, por ser probable, la conducta descrita deberá ser enjuiciada".

Cabe recordar que el escrito de la Fiscalía parte de la denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación de la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius), al entender el colegio que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico.