El Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país, establecieron este lunes que la pena de muerte es aplicable a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros).

El baremo, que entra en vigor a partir de su publicación, pretende clarificar la última revisión del Código Penal, a finales de 2015, en la que no estaban estipuladas las cantidades exactas para aplicar o no la pena máxima, por lo que la decisión última quedaba sometida a la subjetividad de los jueces.

Tribunal y Fiscalía indican que en caso de que el acusado coopere en la investigación -en alusión a que confiese el delito o devuelva el dinero malversado- la pena capital podría suspenderse durante dos años, lo que a efectos prácticos significa su conmutación por cadena perpetua, la sentencia más habitual en casos de corrupción en China.

Las penas por corrupción fueron enmendadas a finales de 2015 por considerar que las cantidades de dinero malversadas punibles con castigos como la cadena perpetua o la pena de muerte eran demasiado bajas, ya que se habían establecido en 1997 y la inflación las había dejado obsoletas.

Esa revisión de 2015 eliminó además alusiones a cifras exactas y hablaba por ejemplo de pena de muerte para "cantidades de dinero extremadamente grandes", un criterio subjetivo que las instancias judiciales han decidido limitar hoy para evitar confusiones.

La norma emitida también advierte que los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad si no denuncian la corrupción de colegas cercanos, incluso si forman parte de su familia.

Al mismo tiempo, subraya que la donación de dinero a la beneficencia u otras causas públicas no será considerada como un eximente en hipotéticos juicios por corrupción.

El presidente chino, Xi Jinping, lanzó a su llegada al poder en 2013 una campaña contra la corrupción y la malversación en instituciones oficiales que se ha saldado con decenas de destituciones, expulsiones del Partido Comunista, investigaciones, juicios y condenas a líderes o exlíderes nacionales a todos niveles, incluido el Ejército.

China es, según Amnistía Internacional, el país que más ejecuciones lleva a cabo, con más de un millar anuales, aunque no hay cifras oficiales exactas ya que el régimen comunista las considera secreto de Estado.

El total de ejecuciones, en todo caso, ha bajado con respecto a la pasada década (cuando se hablaba de entre 3.000 y 10.000 anuales) a raíz de que el Tribunal Supremo redujera de 68 a 55 el número de delitos punibles con la pena de muerte y recuperara el poder para ratificar esas sentencias, del que no dispuso durante 20 años