Una auditoria a MARE revela "incidencias" en contratación y alerta de las atribuciones de sus máximos responsables

La Intervención General realiza 27 recomendaciones de mejora a MARE

Una auditoria a la empresa pública MARE, dependiente de Gobierno de Cantabria, revela, en 2013 y 2014, durante el Gobierno del PP, "incidencias" en las contrataciones y alerta de las capacidades concedidas en esta materia al presidente del Consejo de Administración, que era el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, hoy senador del PP, y las atribuciones que desempeñaba el director general de la entidad, Antonio Zabala, más allá de las facultades que tenía.

En este informe de la Intervención General de la comunidad autónoma, de 76 páginas Y consultado por Europa Press, se apunta, entre otras consideraciones, que el régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos" ya que —asegura— permite que "el presidente del Consejo de Administración pueda celebrar y autorizar toda clase de contratos sin ningún límite y con el único requisito de firma solidaria".

Según los autores de la auditoria, dada a conocer este sábado por parte del Gobierno, se considera que esta capacidad del presidente del Consejo de Administración representa un "importante riesgo de control interno".

Además, se señala que en los expedientes de contratación analizados, todos por un valor estimado de 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos de la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional del mismo los hacía el director general de MARE "cuando no dispone de tales facultades, según el poder que tiene asingnado".

En este sentido, se apunta que Zabala solo hubiese podido desarrollar esas competencias con delegación expresa, de la que "no se ha tenido evidencia", según la Auditoria.

También se cuestionan las facultades atribuidas al director financiero por "obsoletas" y "poco operativas".

En cuanto a la contratación propiamente dicha, se muestra la existencia de un "número importante" de modificaciones y prórrogas de contratos hechos "que no han sido autorizados ni celebrados por el correspondiente órgano de contratación competente". del Consejo de Administración.

También se advierte de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulen los procedimientos de contratación; se cuestiona las herramientas informáticas de la entidad para la gestión de contratos, y considera no acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en materia de contratación pública en distintas fases.

En la Auditoria se realizan, a la vista de las conclusiones un total de 27 recomendaciones.

La Intervención General de la comunidad autónoma ha realizado esta auditoria a través de la Subdirección General de Control Financiero, y conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y Otras Actuaciones de Control para 2015.

En julio de 2015 se comunicó a MARE el comienzo de la auditoria de cumplimiento, que analiza el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia, y en septiembre de ese año el inicio de la auditoria de sistemas y procedimientos, que analiza la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir, ambas en materia de contratación.

Según el Gobiero, la empresa pública, por su parte, ha facilitado desde septiembre de 2015 toda la documentación que la Intervención General ha solicitado para la realización de este trabajo.

Ahora la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y la empresa pública MARE han recibido la auditoria.

A raíz de esto, la vicepresidenta regional, consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social y a su vez presidenta del actual Consejo de Administración de MARE, Eva Díaz Tezanos, valorará el próximo lunes, 18 de abril, en rueda de prensa en el Gobierno de Cantabria esta auditoria.

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