El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga la comisión de un posible delito electoral (lo que se conoce por financiación ilegal) por parte del PP de la ciudad de Valencia, de forma paralela a la investigación por el supuesto blanqueo de 50.000 euros por el que ya constan como investigados nueve de sus diez ediles.

Según han confirmado fuentes de la investigación, estas nuevas pesquisas se centran en determinar el origen de los 50.000 euros, después de que la exsecretaria del grupo municipal popular María del Carmen García-Fuster reconociese la existencia de cuantiosas donaciones.

En este sentido el juez instructor, a petición del fiscal anticorrupción, requirió el auxilio del Tribunal de Cuentas y del órgano interventor del Consistorio para que informase sobre si la cuenta bancaria abierta a nombre del grupo popular "era una cuenta objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia".

En el registro del domicilio de García-Fuster, según se recoge en el sumario de la causa, se encontraron extractos manuscritos de tres cuentas bancarias en los que hay constancia de ingresos que ahora están siendo objeto de análisis.

El pasado día 8, en su declaración ante el juez, García-Fuster reconoció que conocía la existencia de dichos ingresos e indicó que procedían de aportaciones realizadas por particulares o comerciantes a una persona que no identificó, que los reunía antes de entregarlos al partido.

El juez ha citado al exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, para que declare como testigo en la pieza separada del blanqueo de capitales en el grupo municipal popular.

El instructor también volverá a interrogar como investigados al concejal Cristóbal Grau y a tres trabajadores de PP en el Ayuntamiento de Valencia.

El supuesto delito de blanqueo, y ahora el de posible financiación ilegal, se investiga en una pieza separada del conocido como caso Imelsa, centrada en el amaño de contratos públicos desde varias administraciones controladas por el PP, entre ellas, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia.

En esta pieza separada, con 47 personas investigadas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores), además del PP como persona jurídica, se investigan las donaciones al partido para blanquear dinero de supuesta procedencia ilícita.