El abogado de la infanta Cristina, Pau Molins, ha asegurado que Manos Limpias le pidió una cantidad de dinero "absolutamente desorbitada" a cambio de retirar la acusación contra la hermana del Rey por el caso Nóos. En declaraciones al canal 3/24 este viernes recogidas por ha considerado que se trata de un "chantaje" inaceptable, que puso de inmediato en conocimiento del juez.

Molins ha hecho estas afirmaciones después de que el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, haya sido detenido en una operación contra el sindicato y la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) por presuntamente formar parte de una trama que extorsionaba a entidades bancarias a cambio de no iniciar causas judiciales contra ellas.

El equipo de defensa de la Infanta Cristina comunicó hace unas tres semanas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que Manos Limpias había pedido tres millones de euros a cambio de retirar la acusación contra la hermana menor del Rey. Las mismas fuentes han explicado que el encargado de trasladar la propuesta al equipo de defensa de la Infanta fue un abogado, conocido de ambas partes, que ejerció de mensajero y les comunicó el interés de Manos Limpias en cerrar el acuerdo a cambio de dinero.

Después de recibir éste la exigencia, el equipo de abogados —formado por el letrado Miquel Roca y el despacho Molins&Silva— decidió viajar a Madrid para comunicar a la Udef la supuesta extorsión.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, ha criticado del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, los "intereses ocultos y desde luego no ejemplares" del detenido, que pretendía fiscalizar al Gobierno municipal con "esa insistencia y malas formas".

Manos Limpias denunció ante la Fiscalía los tuits del concejal Guillermo Zapata y se querelló contra la alcaldesa, Manuela Carmena, por la situación de la empresa de su marido. Valiente ha señalado en rueda de prensa que detrás de los requerimientos judiciales de Manos Limpias había una "intencionalidad política".

Valiente ha añadido que cualquier ciudadano puede ser objeto de una investigación pero cree que la detención "refleja que detrás de toda esa apariencia de exigencia en el correcto funcionamiento, de fiscalización, había personas que tenían intereses ocultos".