La Generalitat valenciana rechazó 123 facturas por casi 2 millones de euros presentadas por el Instituto Nóos en 2006 por el proyecto de los Juegos Europeos porque "no existía el soporte documental del gasto", ha explicado en el juicio la exsubsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga.

En su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia de Palma que juzga el caso Nóos, Villalonga ha detallado que devolvió facturas que presentó el Instituto Nóos de las empresas Virtual Strategies, Concept BPMO, Lobby de Comunicación, Shiriaimasu y Torres Tejeiro y de varios consultores por conceptos como honorarios, preparación de presentaciones y proyectos.

Según la exsubsecretaria de Presidencia, en ningún caso se adjuntaron los proyectos presentados, la documentación de las reuniones celebradas, los contratos de los consultores ni el detalle de las colaboraciones que llevaron a cabo.

En diciembre de 2005 se aprobó un convenio de colaboración entre la Generalitat y Nóos por 6 millones de euros destinado a que Valencia pudiera presentar la candidatura para acoger unos Juegos Europeos, en virtud del cual el Instituto presidido por Iñaki Urdangarin y Diego Torres cobró 382.000 euros.

Además, en algunos casos los conceptos de las facturas de unas y otras empresas eran los mismos o eran genéricos, y la alta funcionaria ha destacado que no era posible diferenciarlas.

Villalonga ha asumido personalmente el rechazo de las facturas: "La decisión es mía pero previamente fue consultada y examinada también por la secretaria general administrativa Ana Brusola y por la interventora, Irene Chova. Pero la decisión es mía".

Ha negado que esas 123 facturas rechazadas fueran proforma o borradores presentados para comprobar si eran adecuadas antes de aportar las definitivas: "Absolutamente eran facturas. En una factura proforma tiene que poner proforma y no se exige pago, no se presenta para que se pague", ha afirmado. "Las facturas proforma no vienen numeradas y en la administración yo no las he visto en la vida", ha añadido.

Meses antes de que el Instituto Nóos presentara las facturas, la Generalitat convocó una reunión a la que asistieron el entonces vicepresidente Víctor Campos, el secretario autonómico José Marí Olano y Villalonga, en la que explicaron a Diego Torres y al contable Marco Tejeiro "lo que era este convenio, que se sujetaba a la Ley de Subvenciones y qué gastos podían ser asumidos y financiados por la Generalitat y qué gastos no".

Que había facturas por importe de cerca de 2 millones que "no podían ser abonadas" fue comunicado a Marco Tejeiro, a quien se le explicó en una reunión en Valencia que "no existía el soporte documental del gasto y se rechazaban".

El entonces vicepresidente valenciano Víctor Campos pidió explicaciones a Villalonga por "los problemas con el convenio de Nóos", ella se las dio y el responsable político no puso ninguna objeción, ha relatado la testigo.

Villalonga ha defendido la fórmula del acuerdo entre el Instituto Nóos y la Sociedad Estratégica para la Promoción Turística de Valencia y ha dicho que la Ley de Subvenciones establece que el instrumento normal para contemplar una subvención nominativa directa es un convenio y su justificación es el interés público.

Ha añadido que en los convenios sujetos a la ley de Subvenciones "todo el gasto que va a financiar ese convenio debe ser justificado por el órgano que ha sido subvencionado".

Por otro lado, Villalonga ha explicado que a principios de 2006 el Instituto Nóos le comunicó formalmente que Diego Torres reemplazaba a Iñaki Urdangarin como presidente de la asociación, algo que no tenía trascendencia respecto al convenio de los Juegos Europeos, un proyecto que se frustró porque el convenio decayó en 2007.

En la sesión de este miércoles, trigesimoprimera del juicio del caso Nóos, está previsto que declaren cuatro testigos. Además de Villalonga están citados el exvicepresidente valenciano, Vicente Rambla, y la exconsellera de Cultura, Trinidad Miró.