La vicesecretaria de Organización del PP-A y portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Patricia Navarro, ha alertado este martes de que España se enfrentará en breve a "sanciones millonarias" de la Unión Europea por la mala gestión del Gobierno de Susana Díaz en materia de saneamiento y depuración de aguas, que ha llevado al incumplimiento de la Directiva Marco sobre 'Vertido Cero' cuyo plazo concluyó en diciembre de 2015.

En rueda de prensa, Navarro ha explicado que el Gobierno andaluz se comprometió en 2010 a realizar 300 obras hidráulicas, de las que todavía están pendientes más de la mitad. Según ha indicado, su formación viene advirtiendo desde hace meses de que el Ejecutivo de Díaz "pone en un brete" al Gobierno de España, ya que, una vez superado el plazo fijado, la UE impondrá sanciones de 40 millones el primer año y 20 millones en los años sucesivos.

La dirigente popular ha destacado que "de confirmarse estas sanciones, Díaz tendrá que pedir perdón por endosar la multa a los ciudadanos andaluces y españoles, que pagarán los platos rotos de sus incumplimientos".

Patricia Navarro ha indicado también que el Gobierno de Mariano Rajoy "ha librado" en los últimos cuatro años a España de las sanciones que se hubieran derivado de los incumplimientos del gobierno socialista de Zapatero en materia de agua.

Junto a ello, ha señalado que Rajoy "sacó de los cajones los incumplimientos socialistas de la planificación hidrológica que exigía la UE y en cuatro años ha redactado y aprobado los 25 planes hidrológicos que estaban pendientes y por los que ya se había abierto expediente a España.

Moción aprobada en pleno

La portavoz 'popular' ha recordado que la pasada semana el Parlamento andaluz aprobó una moción del PP-A en materia de saneamiento y depuración de aguas con el objetivo de instar al gobierno andaluz a realizar las obras pendientes y para aportar transparencia en "uno de los grandes agujeros negros de la gestión socialista".

En este sentido, ha señalado que la moción requiere al Gobierno andaluz, entre otras cuestiones, un balance de las obras realizadas desde 2010, una planificación detallada de las obras pendientes y que deben estar realizadas en 2018, un estudio de calidad de las aguas para priorizar las obras pendientes, un inventario de las infraestructuras de más de diez años y una evaluación de su estado.