El Parlamento vasco ha aprobado este jueves la ley municipal para Euskadi —denominada Ley de Instituciones Locales—-, gracias al acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu con el que, 35 años después, el País vasco "cierra" su diseño institucional, ya que Euskadi era la única comunidad autónoma que no contaba con una norma de este tipo.

El grueso de la Ley ha contado con el apoyo de PNV y EH Bildu, mientras que PSE, PP y UPyD han criticado el texto, principalmente en los aspectos que hacen referencia a las competencias y financiación de los municipios y entidades locales vascas.

Según explica el texto normativo, la finalidad de esta ley es "reconocer y dotar al nivel local de gobierno de Euskadi de un conjunto de competencias que le aseguren el ejercicio de un poder político propio y hagan viable una prestación de servicios de calidad a la ciudadanía mediante un gobierno local abierto, transparente y participativo".

En materia de financiación, establece que se deberá garantizar, para el conjunto de los municipios, un nivel de recursos "de conformidad con las competencias y servicios de su titularidad previstos en el ordenamiento jurídico". Los municipios participarán, a través de sus representantes, en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF), "cuando se trate de obligaciones, servicios y actividades de prestaciones derivadas de competencias de los municipios".

Para garantizar que los municipios tengan un nivel "adecuado y equilibrado" en los recursos, la ley establece su "participación" en el CVF en los trabajos de reforma de las leyes que definan la distribución de recursos y aportaciones de cada territorio histórico para la financiación del os presupuestos de Euskadi.

Respecto a las Ayudas de Emergencia Social (AES), la norma recuerda la necesidad de "revisar" el Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, y mientras esta se realiza, la normativa incluye un "mecanismo de compensación" transitoria para los municipios que opten por complementar el presupuesto que destina el Gobierno vasco a estas ayudas, ya que resulta insuficiente para dar respuesta a todas las solicitudes.

Los municipios con menos de 20.000 habitantes responderán con sus propios recursos de un tercio de la cantidad superada de la asignación inicial, de forma que el Gobierno vasco deberá asumir el resto de la cantidad. En los de más de 20.000 habitantes, deberán abonar la mitad de la cantidad superada y el Ejecutivo vasco hacerse cargo de la otra mitad. Teniendo en cuenta la media de las cantidades superadas en los últimos años, la ley ha fijado como tope de la aportación el 30 por ciento de la asignación inicial del Gobierno vasco.

En declaraciones a los medios tras la votación, el consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, ha destacado que la aprobación de esta ley es una "noticia excelente" para el Gobierno vasco y ha expresado la satisfacción del Ejecutivo por haber conseguido sacar adelante uno de los proyectos "principales" incluidos en su calendario legislativo, que "da satisfacción a una reivindicación histórica" del municipio vasco que planteaba su incorporación en la arquitectura institucional en una posición de "dignidad". "Esto se consigue a través de esta ley", ha señalado.

En la misma comparecencia, el presidente de Eudel, Imanol Landa, ha destacado que "el municipalismo vasco llevaba mucho tiempo esperando esta ley" por lo que considera "magnífica" su aprobación y ha expresado su reconocimiento al Gobierno vasco y al lehendakari "por su impulso a una ley básica, estructural para cerrar el sistema institucional vasco y dotar a los ayuntamientos del reconocimiento formal que tenemos en el sistema institucional vasco". También ha agradecido a los grupos parlamentarios las aportaciones realizadas, con un reconocimiento "especial" a PNV y EH Bildu, que "han hecho que hoy esta ley sea un realidad".

Durante el debate, el parlamentario del PNV Joseba Zorrilla ha criticado que haya partidos que quieran "restar legitimidad" al acuerdo entre PNV y EH Bildu cuando la norma ha contado con casi dos tercios de la Cámara y ha destacado que ambas formaciones gobiernan en el 80 por ciento de los municipios vascos. También ha asegurado que se trata de una ley "integral" que regula los aspectos básicos de la autonomía local, las competencias y su financiación. "Nuestros ayuntamientos van a ser verdaderos poderes locales y no meros prestadores de servicios", ha asegurado.

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu ha subrayado que la nueva ley da suficiencia financiera a las competencias de los municipios a quienes, gracias a la aportación de la coalición, se les da "voz y voto" en el CVF. "No hemos jugado a pequeño, no hemos ido a reparto del territorio, sino a mayor, donde se hace el reparto general", ha defendido.

Respecto a las AES, ha puesto en valor que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, los municipios vascos no tendrán que asumir al cien por cien el gasto extra de estas ayudas cuando se agote el presupuesto del Gobierno vasco, sino que se fija la aportación del Ejecutivo. "En base a lo pagado por los ayuntamientos en 2015, esta cláusula supone 3,8 millones de euros más que va a tener que poner el Gobierno vasco", ha destacado.

Las críticas

El portavoz parlamentario del PSE Jose Antonio Pastor, ha acusado a EH Bildu de "vender barato" el acuerdo alcanzado con PNV porque "no se pone a los ayuntamientos en igualdad con las otras dos administraciones" —diputaciones y Gobierno vasco—. Los socialistas critican que los ayuntamientos no van a contar con "voto" en el CVF como afirma la coalición, sino que la ley solo incluye su participación en ese foro como ya ocurre en la actualidad. "Los ayuntamientos no tienen capacidad real sobre sus finanzas. Discutir no es decidir", ha insistido.

Sobre las AES, el parlamentario del PSE ha afirmado que "no es cierto" que a los ayuntamientos pequeños el Gobierno vasco les pague dos tercios del presupuesto superado, sino que "se fija el pago de un 30 por ciento y el Gobierno otro 30 por ciento, como máximo, respecto a la cuantía inicial", mientras que en los grandes ayuntamientos "la diferencia está en que el Gobierno vasco paga lo mismo pero los ayuntamientos un 50 por ciento. Pastor ha acusado a EH Bildu de hacer una interpretación "generosa" del texto que "no responde a la realidad".

En este sentido, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha afirmado que esta ley "trata de diluir la responsabilidad del Gobierno vasco en el pago de las AES" y cree que la disposición transitoria incluida es una "chapuza". Además, ha señalado que la nueva norma supone una "oportunidad perdida" porque demuestra la "falta de ambición y de liderazgo", y ha responsabilizado al PNV del "retraso de la ley" para ser remitida al Parlamento vasco.

Por último, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, se ha mostrado en contra de la norma porque ve "indispensable" reformar de forma "urgente" el "disparatado, ineficaz, ineficiente y absurdo" entramado institucional vasco. También ha criticado a quienes han sido "incapaces" de presentar en el Parlamento vasco "en 35 años" una ley municipal "decente".