El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, van a mantener una reunión este jueves en la Consejería para abordar la situación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de la capital después de que la Junta suspendiera el planeamiento y declinara por el momento acceder a una aprobación parcial sobre el mismo sobre la parte consolidada según había interesado el Consistorio.

El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, ha indicado que la intención del Ayuntamiento de Almería es exigir a la Junta de Andalucía "un informe jurídico que dote de las mayores garantías a las actuaciones que el consistorio ponga en marcha, atendiendo a la instrucción conjunta de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y de la Dirección General de Urbanismo que han seguido a la suspensión, por parte del Gobierno regional, del documento de revisión del plan".

El edil ha incidido en que la suspensión del PGOU llega "después de doce años de tramitación, con dos aprobaciones provisionales en este periodo" y con el seguimiento a "las directrices que se han marcado, a nivel de tramitación y planeamiento, por la propia Junta de Andalucía".

El edil popular espera que el resultado de este encuentro en Sevilla "arroje luz ante la incertidumbre provocada por la suspensión del documento por parte de la Junta, a la vista de casos similares que han enfrentado otros municipios o respecto a las dudas expresadas por diferentes colectivos en relación a la tramitación del documento".

Castellón ha insistido en que "queda claro que los obstáculos al PGOU no pasaban por el agua, y sí por un asunto de mayor trascendencia como es la falta del documento de alternativas que la propia Junta de Andalucía, en ningún momento de la tramitación, nos ha solicitado".

Según la orden publicada en BOJA, el Ayuntamiento de Almería deberá elaborar un nuevo documento "completo" y "corregido" en el que se incorporen distintas "subsanaciones" para salvar las "deficiencias sustanciales" que han hallado en el documento

En concreto, se han solicitado modificaciones sobre nueve informes y la declaración ambiental estratégica, emitida por la resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de 26 de febrero de 2016 y que fue desfavorable.

El Ayuntamiento deberá llevar a pleno un nuevo documento en el que se incorporen las subsanaciones precisadas en relación a los informes sectoriales en materia de aguas —que resultó desfavorable—, y en materia de cultura, comercio, costas del Estado, carreteras del Estado, aviación civil y carreteras de Diputación.

Respecto a la adecuación a la legislación y planificación territorial, también habrá que revisar el informe del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 25 de enero de 2016, así como el informe del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo de 1 de marzo de 2016, respecto a la adecuación a la legislación urbanística, que resultó también desfavorable.