La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha criticado que el Parlamento de Andalucía ha rechazado con los votos de los grupos políticos de PP, IU y Podemos, y la abstención del grupo de Ciudadanos, el decreto Ley que modifica la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo, una derogación con la que "se pone en peligro y se retrasa el interés para reducir las tasas de desempleo y aliviar la situación de más de 40.000 andaluces" y que "propicia la penalización de los desempleados".

No obstante, en una nota remitida a Europa Press, la Consejería ha asegurado que mantiene su "decidida" apuesta para conseguir paliar "en el mínimo tiempo posible los efectos negativos que el voto de los grupos de PP, IU y Podemos ha provocado a los ciudadanos andaluces al rechazar este decreto Ley".

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio lamenta el rechazo a este decreto Ley que pretendía "facilitar el acceso a los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas en la jurisdicción laboral".

El rechazo a la disposición adicional primera que establecía el catálogo de servicios a prestar por el colectivo de empleados públicos del Servicio Andaluz de Empleo ha sido el argumento de rechazo esgrimido por los grupos de PP, IU y Podemos y la abstención del Ciudadanos.

Considera que con la decisión de la Cámara "se pone en peligro y se retrasa el interés social que persigue esta Ley para reducir las tasas de desempleo, y aliviar la situación de más de 40.000 andaluces".

Asimismo, advierte de que la derogación de este decreto Ley "va a propiciar la discriminación y la penalización de los desempleados, ya que algunos ayuntamientos andaluces, y por ende sus desempleados, van a quedar excluidos de estos planes de empleo, por mantener deudas o por haber tenido que recurrir a importantes ajustes económicos y a reducciones de plantilla, a causa de la grave crisis económica mundial que especialmente ha azotado a Andalucía".

Además, el decreto Ley que la oposición ha impedido que viera luz "limita el catálogo de funciones que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) viene obligado a realizar en atención a los desempleados tras la última normativa en esta materia aprobada por el Gobierno central del Partido Popular".

Ha explicado que la regulación de funciones de los empleados públicos del SAE, incluida en la disposición adicional primera del decreto Ley rechazado este miércoles, "respondía a la necesidad y urgencia de apoyar y agilizar todas las labores administrativas que se han de realizar para articular estos planes de empleo y, además, para dar respuesta y servicio entre otras funciones a los más de 100.000 jóvenes andaluces que se han inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil y que la ley nacional les garantiza con una atención personalizada y permanente hasta que consigan su inserción en el mercado de trabajo, atención que se pretendía establecer en este decreto Ley rechazado por el Parlamento".

Por último, la Consejería ha asegurado que el rechazo a este decreto "perjudicará gravemente al colectivo de mayores de 45 años en situación de desempleo procedentes de expedientes de extinción de empleo en la industria manufacturera, que se veía priorizado en los planes del Gobierno andaluz".