El secretario general de Podemos en Asturias y diputado regional Daniel Ripa, ha criticado este miércoles al Gobierno de Asturias por "obstaculizar" la investigación del 'caso Marea'. Ripa ha argumentado que el Gobierno asturiano ha presentado en pleno juicio un informe con nuevos delitos que posiblemente estén ya prescritos.

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, acompañado del abogado de la acusación particular Alberto Suárez, el secretario general de Podmemos ha considerado "muy grave" que el Gobierno asturiano presente en 2016 un informe de la responsabilidad civil que supondría un supuesto fraude en material suministrado a colegios en 2009 y 2010. "Si hay delitos y están prescritos... ¿de quién es la responsabilidad?", se ha preguntado Ripa.

La incorporación del mencionado informe, aportado por el Gobierno asturiano a la Audiencia Provincial de Oviedo, que juzga el caso, fue rechazada en la primera jornada del juicio.

La propia Fiscalía ha explicado este martes que se trataban de documentos a los que el Gobierno del Principado de Asturias ya había tenido acceso desde el inicio de la causa, en el año 2011, y que durante toda la instrucción no fueron aportados, por lo que no tendría sentido admitirlos en la fase del juicio. Los procesados quedarían en indefensión. No obstante, la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre el asunto, que considera diferente del que se enjuicia.

Daniel Ripa se ha referido a este episodio como uno más de lo que ha considerado la actitud "extraña" y "errática" del Gobierno de Asturias. Ha insistido en que el PSOE asturiano intentó evitar que se llegase a juicio y ha lamentado que hubiese políticos y funcionarios enriqueciéndose mientras había "niños en barracones" y colegios en mal estado.

Soledad saavedra

Otro de los asuntos que ha causado sorpresa en Podemos en esta primera semana del juicio es la petición por parte de las defensas de pedir la declaración de Soledad Saavedra, la mujer expresidente del Gobierno asturiano y actual senador, el socialista Vicente Álvarez Areces.

El motivo de pedir su declaración es el desfase en el material declarado por el Principado recibido por el Instituto Adolfo Posada por parte de empresas implicadas. Posteriormente el Gobierno asturiano, reconoció que había habido un error en la información. Pero ya se había llamado a declarar como testigo a Soledad Saavedra, que ni siquiera es la directora del Instituto, sino que ocupa el cargo de jefa de Formación.

Este asunto refleja, según cree Ripa, una especie de "guerra de clanes" que hay en el juicio, en el que algunas defensas estarían lanzando una especie de "amenaza" al propio Areces. Ripa ha llegado ha hablar de un posible "aforamiento preventivo" de Areces, que ahora ocupa el cargo de senador, "como ocurrió con el PSOE en Andalucía o con el PP con Rita Barberá".

Ripa también ha dado por hecho que el Gobierno asturiano estuvo intentando llegar a un acuerdo con las defensas para "cerrar en falso el procedimiento" y que no hubiera juicio. "Es obvio que el PSOE estaba negociando con las defensas", ha apuntado.