CSIF y SAF aplauden la derogación del decreto ley que "regularizaba al personal de la antigua Faffe" y su paso al SAE

Los sindicatos CSIF y SAF han aplaudido y valorado que el Parlamento andaluz haya derogado el decreto ley por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, donde se incluye una disposición adicional por la que "se regularizaba al personal de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que pasa a tener unas funciones concretas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Los sindicatos CSIF y SAF han aplaudido y valorado que el Parlamento andaluz haya derogado el decreto ley por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, donde se incluye una disposición adicional por la que "se regularizaba al personal de la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que pasa a tener unas funciones concretas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".

Fuentes de CSIF consideraron a Europa Press que el resultado de la votación en el Parlamento andaluz "nos traslada una conclusión clara, esto es, que cuando las cosas se hacen sin negociación con los sindicatos y afectan a las condiciones de trabajo, en este caso del SAE, y se hace sin contar con la opinión de los agentes sociales y encima afecta a la Administración pública y su funcionamiento, el resultado es el que ha ocurrido en el Parlamento, donde se ha tumbado el decreto ley".

Para este sindicato, este decreto "podía estar vulnerando potestades públicas y no iba a ser el mecanismo adecuado para que en las oficinas del SAE se desarrolle el trabajo con normalidad".

Ha precisado que en el decreto ley derogado "se contemplaban funciones para los antiguos trabajadores de la Faffe, como la inscripción de demandantes de empleo, que supone el ejercicio de potestades públicas, algo que deben realizarlo los funcionarios".

CSIF ha pedido que la Junta "someta este tipo de casos a negociación con los agentes sociales, para que entre todos podamos desarrollar una función pública andaluza que debe hacerse entre todos, cada uno desarrollando la tarea que la ley le atribuya".

"El trabajo del SAE es muy importante, pues se trata de un servicio público esencial, y todo aquello que se hace con el máximo consenso y llegando a acuerdo con las partes implicadas tiene más posibilidades de éxito que cuando no se hace de esa forma", han añadido desde CSIF.

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) se congratula por la no convalidación del decreto Ley 1/2016, algo que consideraba "un inaceptable y un atropello a los derechos, no solo de los funcionarios, también a los ciudadanos de Andalucía con este decreto Ley".

Considera que esta norma "era impropia de una democracia, y más acorde con otros tipos de regímenes".

Ha recordado que el Parlamento "es el órgano supremo de representación política de la comunidad autónoma de Andalucía, y no se ha hecho cómplice de las burdas y torticeras artimañas del Gobierno andaluz".

"El Gobierno andaluz, con este decreto Ley no convalidado, pretendía eludir el incumplimiento de numerosas sentencias judiciales que impedían al personal proveniente de la 'administración paralela' realizar las potestades públicas, que por Ley solo les corresponde a los funcionarios públicos", ha agregado SAF, que asegura que en esta norma también se producía "un atentado insólito al derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución; es decir, a la tutela judicial efectiva".

Ha apuntado que "se produce tal violación mediante este decreto Ley en una doble vertiente, por un lado, porque se impide a este sindicato y a cualquier otra persona que se considere afectada por la norma, demandar la tutela de los jueces y tribunales, tal como contempla nuestra Carta Magna".

El SAF considera que "el verdadero fin del Ejecutivo andaluz y del partido que los sustenta, es 'colonizar' la Administración pública, la que sirve al interés general de los todos ciudadanos de Andalucía, con ese personal proveniente de fundaciones, empresas pública y otros entramados que han sido y son auténticas agencias de colocación para afines y familiares".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura que "va a seguir luchando por una administración pública despolitizada e independiente y ejercida por los profesionales de la función pública, que son los funcionarios públicos; y luchando para que cualquier ciudadano pueda acceder a la administración bajo los principios constituciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles convalidar el Decreto-Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+, y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+.

El decreto ha contado únicamente con los votos a favor del PSOE-A, la abstención de Ciudadanos (C's) y el rechazo de los demás grupos —PP-A, Podemos e IULV-CA—.

Los grupos de la oposición han coincidido en aludir a la Disposición Adicional Primera de este decreto —que hace referencia a la participación del personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la prestación de servicios y desarrollo de programas— aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 15 de marzo, al esgrimir los motivos para justificar el voto en contra a esta norma que trata de facilitar el acceso de todos los ayuntamientos a los distintos planes recogidos en la norma, aunque mantengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social o condenas por despido improcedente.

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