El Gobierno del Principado de Asturias remite a la Fiscalía el informe, que fue rechazado por el Tribunal del 'caso Marea', relativo a material facturado a centros educativos que no se sirvió y que eleva la indemnización reclamada por el Ejecutivo a los acusados, con el propósito de que "se abran diligencias de investigación si se considera oportuno".

Además, los servicios jurídicos del Principado estudian la posibilidad de acudir a la vía civil o dirigirse al Tribunal de Cuentas para recuperar las cuantías por daños a la Administración, según indicó este martes en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.

El portavoz del Gobierno autonómico ha reiterado, asimismo, la "colaboración total" del Ejecutivo del socialista Javier Fernández con la justicia en todo el proceso para esclarecer la trama y ser resarcido por los daños causados.

"Jamás hemos planteado ningún tipo de negociación", ha afirmado, apuntando que la única reunión que hubo se celebró en la sede de la Fiscalía y el Principado "no entró ni a valorar el contenido del acuerdo por no aceptar rebaja ni en las penas ni en las cuantías".

Igualmente, el Ejecutivo no va a "tolerar" que "se ponga bajo sospecha" su gestión "por el mero hecho de ser socialistas" ni que el juicio "interfiera en la acción de gobierno".

Respecto al error en la documentación facilitada por el Principado que atribuía al Instituto Adolfo Posada adquisiciones de bienes muebles entre 2006 y 2009 por 11,4 millones en lugar de los 249.313 que se efectuaron, Guillermo Martínez argumentó que se debió a "fallos en la asignación del código del centro gestor". De este modo, Martínez ha explicado que se está reordenando la documentación con corrección de los códigos para volver a trasladar el informe cuando esté completo.