C's pide la derogación de las tasas judiciales para pymes y ONGs y que lo recaudado se reinvierta en Cantabria

Llevará esta reclamación al Pleno del Parlamento y confía en que sea apoyada por el resto de grupos

El grupo mixto-Ciudadanos pide que las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las ONG queden exentas de pagar por acudir a la Justicia y que lo recaudado en Cantabria por las tasas judiciales se transfiera a la propia comunidad autónoma y se desitine a cubrir gastos en asistencia jurídica gratuita.

Esta es la reclamación que llevará la formación naranja al Pleno del Parlamento regional del lunes, 11 de abril, a través de una proposición no de ley, en la que, además, se insta al Gobierno de la Nacion a destinar, a la partida de Justicia en los Presupuesto Generales del Estado, el importe que la media europea destina a este concepto.

El diputado de C's Rubén Gómez, que ha presentado la iniciativa en rueda de prensa junto a su compañero de grupo, Juan Ramón Carrancio, ha opinado que se trata de una proposición no de ley "sencilla" en la que se reclama algo que, a su juicio, es "lógico" y por ello confía en conseguir el respaldo del resto de grupos (PP, PRC, PSOE y Podemos).

Gómez ha explicado que ya hay algunas comunidades autónomas que han aprobado o realizado iniciativas en este sentido.

En la iniciativa, C's señala que en la Ley que en 2012 —con el Gobierno central del PP, actualmente en funciones— reinstauró en España, tras 26 años las tasas judiciales, y a pesar de algunas modificaciones de la ley por la "presión" de operadores jurídicos, recursos de inconstitucionalidad y opiniones de la Defensora del Pueblo, gravan con tasas judiciales "muy elevadas" a algunos sujetos jurídicos y ha provocado que "en muchos casos" éstos no accedan a la justicia "al no tenerse en cuenta la capacidad económica de las mismas".

Por ello, en la proposición no de ley, consultada por Europa Press, se propone la derogación de las tasas judiciales establecidas en la ley, ya que "vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables, al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica del sujeto".

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