Una ley impedirá que alcaldes y concejales se pongan el sueldo que quieran

Carlos Galbeño, alcalde del PP de Torrelodones (19.843 habitantes), quiso subirse el sueldo un 38% nada más ser elegido y ganar 91.445 € anuales. Las críticas de la oposición y de los vecinos lo obligaron a rectificar y a volver al salario anterior, 57.000 €.

El alcalde socialista de Mijas (Málaga), Agustín Moreno, también quiso subirse el sueldo un 37% y ganar 126.000 € anuales. Tampoco lo consiguió. La presión vecinal y de su propio partido le hizo dimitir. Otros sí lo han conseguido. El alcalde de Navalcarnero, en Madrid (PP, 17.500 vecinos), se ha subido el salario un 17% hasta los 82.373 €, y Rosa Aguilar, la alcaldesa de Córdoba (IU, 321.000 habitantes) lo ha incrementado otro 12% hasta los 63.000 €.

En España, los sueldos de los alcaldes y concejales no están regulados y cada ayuntamiento puede fijar los que quiera. Ante tanta disparidad de salarios y la falta de regulación, el Ministerio de Administraciones Públicas ha asegurado a 20 minutos que el pleno del Congreso debatirá, dentro de dos semanas, una propuesta de IU que exige al Gobierno la creación de una ley que regule la retribución de los cargos públicos locales. Una ley que apoyaría el Gobierno, según confirmaron altos cargos del ministerio.

El objetivo es establecer «un mínimo y un máximo» en los salarios de los alcaldes y concejales, señala Monserrat Muñoz, responsable de política municipal de IU, para «evitar los salarios desproporcionados y las diferentes justificaciones dudosas».

Criterios objetivos

Si la iniciativa prospera, será la Federación Española de Municipios (FEMP), que agrupa a más de 6.900 ayuntamientos (el 85% de los que existen), la encargada de establecer los requisitos salariales «en función de criterios objetivos, tales como la población, el presupuesto municipal, la situación financiera de cada municipio o la actividad que desempeñe cada concejal y alcalde», explica un portavoz de la FEMP. Unos criterios que ya han establecido las federaciones de municipios de Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque no son de obligado cumplimiento.

Mientras llega esta ley, son pocos los ejemplos de lo contrario. La alcaldesa de Sanlúcar, en Cádiz (PSOE, 63.000 vecinos) ha decidido bajarse el sueldo a la mitad.

Un euro más que un funcionario

En 2003, los diferentes partidos alcanzaron un pacto no escrito en el que se establecía que el regidor cobraría un euro más que el funcionario de habilitación nacional con mayor salario.

Ese referente corresponde a la retribución de un tesorero que, pese a tener un sueldo bruto anual de 24.000 euros, lo eleva con complementos hasta los 91.444. Sin embargo, el único que lo cumple es el alcalde de Torrelodones, que percibe 91.445 €.