El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido este jueves comparecer ante el Parlamento catalán tras no haber conseguido esclarecer de forma fehaciente y clara qué es lo que sucedió en el caso Maristas de presuntos abusos sexuales, y las "lagunas evidenciadas" en la actuación de las diferentes instancias.

Tras reunirse con los firmantes del Protocolo marco de actuación en caso de abusos —Generalitat, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y Delegación del Gobierno—, ha manifestado su "insatisfacción institucional" por cómo se ha abordado la cuestión.

En su futura comparecencia ante la cámara catalana prevé valorar la no aplicación del protocolo de abusos sexuales de 2006, aportará su explicación institucional sobre lo que sucedió —dejando de lado la parte penal— y presentará una segunda resolución con un enfoque general sobre abusos sexuales a menores.

El Síndic ha hablado de las "lagunas evidenciadas de forma palmaria y que ahora se empiezan a reconocer" entre las diferentes administraciones y agentes vinculados al protocolo de abusos sexuales, a los que ha reprochado, especialmente, falta de coordinación y difusión del mismo.

Desde la última reunión que mantuvo con los diferentes actores el pasado mes de febrero, el Síndic ha dicho que se ha avanzado "poco", por lo que ha urgido una comparecencia en la cámara catalana.

En el encuentro, en que han participado representantes de Enseñanza, Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Justicia, Interior y Salud, no ha habido "voces discrepantes de cómo se actuó" y los diferentes actores han admitido que se pudo hacer más, ha admitido Ribó.

En la segunda resolución, que presentará en la cámara, quiere dar un "enfoque global sobre todos los casos de abusos, más allá del caso Maristes de Sants-Les Corts, y ver cuáles son las columnas vertebrales" que hay que fortalecer.

Sobre el protocolo marco ha dejado claro: "Nadie lo ha puesto en duda, es plenamente útil y vigente, hay que desarrollarlo en aspectos específicos y difundirlo para que la gente lo conozca y, sobre todo, aplicarlo".

Preguntado por la obligación de las escuelas concertadas y privadas de aplicar el protocolo, ha tachado de "indignante que alguien se escude en la titularidad de un centro frente a un caso de abusos a menores".

El Síndic ha sido contundente a la hora de explicitar que "no existe ninguna base para que los centros concertados y privados queden fuera de la protección de los niños porque ello atentaría a los derechos más fundamentales de los derechos humanos".

Ha destacado que el protocolo debe ser un "instrumento específico para velar para que todos los niños de Catalunya estén protegidos" sea cual sea la titularidad de su centro: pública, concertada o privada.

A la reunión han asistido el subdirector de la Dgaia, Joan Mayoral; la jefa de Apoyo Jurídico de la Dgaia, Eulàlia Creus; la jefa del Servicio de Salud Maternoinfantil, Maria Rosa Fernández, y la subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas, de las consellerias de Asuntos Sociales y Familias y Salud.

De la de Interior han acudido el director general de la Policía, Albert Batlle; el comisario jefe, Lluís Trapero, y el inspector Albert Oliva, mientras que de Justicia ha participado la directora general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil, Pilar Heras.

De Enseñanza han asistido el director general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, Jordi Miró, y el jefe de Relaciones institucionales Pol Xart, mientras que la Delegaciíon del Gobierno en Catalunya, la directora del área de educación, Caridad Ramos.

De la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya han acudido Martín Rodríguez Sol, y del TSJC, el magistrado Josep Grau, han explicado fuentes de la Sindicatura de Greuges tras el encuentro.