El Observatorio de la Piratería asegura que el 87,48% de los contenidos digitales consumidos en 2015 fueron ilegales

El 87,48 % de los contenidos consumidos en Internet el pasado año eran ilegales, según un informe del Observatorio de la Piratería, que destaca cómo crece entre los ciudadanos la percepción de que "no pasa nada" por piratear "ante la falta de consecuencias legales".

El informe del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales, presentado por la Coalición de Creadores y la Liga de Fútbol, señala que el pasado año se accedió ilegalmente a 4.307 millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 24.085 millones de euros, por lo que el coste del lucro cesante por la piratería fue de 1.669 millones de euros. De ellos, 103 millones de euros correspondieron al sector del libro; 231 millones a videojuegos; 186 a series; 573 a películas; 402, a la música y 174 al fútbol.

Mientras que 6 de cada 10 internautas declaran acceder a contenidos ilícitos, sólo el 37 % asegura no piratear en ningún caso. A la hora de piratear, el 62 % de los usuarios se justifica argumentando que "los contenidos originales son muy caros", aunque también aducen la "rapidez y facilidad de acceso" a los contenidos piratas (un 55 %) o que "ya pagan su conexión a Internet" (53 %).

El informe, elaborado por la consultora Gfk, pone de manifiesto que las medidas adoptadas por el Gobierno no han sido suficientes y es urgente aplicar "con eficacia" la legislación vigente, ha indicado la directora de la Coalición de Creadores, Carlota Navarrete. Aunque el porcentaje de los contenidos piratas consumidos ha descendido del 87,9 en 2014 al 87,4 el pasado año, el Observatorio señala que la compra legal de contenidos ha bajado por tercer año consecutivo y se sitúa ya en el 36 %, por lo que Navarrete ha pedido a las fuerzas políticas que adopten una política de Estado ya que "no se trata de que un partido u otro está en el Gobierno".

El director de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, ha pedido una aplicación de la ley "pronta y ágil", mientras que Magdalena Vinent, representante del sector editorial y presidenta de CEDRO, ha indicado que aunque la Ley de Propiedad Intelectual parece "suficiente sobre el papel, la realidad es que no ha pasado nada" desde su entrada en vigor.

Debido a la piratería, las arcas públicas dejaron de recibir 547 millones de euros, entre IVA (337 millones), IRPF (48) y cotizaciones a la Seguridad Social (162), según pone de manifiesto el informe, que cifra en 21.559 los puestos de trabajo directos y los 100.000 indirectos que podrían crearse en un escenario sin descargas ilegales.

A pesar de que en el sector de la música descendió ligeramente el número de internautas que accedió a contenidos ilícitos, el pirateo afectó a 1.723 millones de contenidos, con un valor de mercado de 6.333 millones de euros. El representante del sector musical, Antonio Guisasola, ha dicho que aunque el Gobierno esté en funciones, la Administración no lo está y debe aplicar a la ley porque "mientras las multas de tráfico han crecido, en este sector no se ha hecho nada, cuando la protección de la propiedad intelectual está en la Constitución".

Las películas pirateadas fueron 878 millones, valoradas en 6.907 millones de euros; y en series de televisión, el acceso ilegal afectó a 950 millones de capítulos, con un valor de 1.567 millones de euros. En lo que se refiere a libros, hubo 390 millones de descargas ilegales, por 3.131 millones de euros, y en videojuegos, fueron 225 millones los accesos piratas, y 5.710 millones de euros. Y durante 2015 se visualizaron de forma ilegal 141 millones de partidos de fútbol en 2 millones de hogares españoles, retransmisiones valoradas en 410 millones de euros.

Respecto a la forma de acceso, hay un aumento del uso de buscadores, que pasa del 72 al 81 por ciento, y entre ellos Google es usado en nueve de cada diez ocasiones. Más de un 74 % de las webs desde las que se accedieron a contenidos piratas están financiadas por publicidad, la mayoría de sitios de apuestas, de contactos y contenidos para adultos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte considera que este informe es "un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada". Así lo ha indicado en un comunicado, en el que destaca que la lucha contra la piratería en internet es una prioridad para el Gobierno, en respuesta a las quejas de la Coalición de Creadores.

"Las medidas adoptadas tanto legislativas como institucionales y operativas comienzan a dar resultados", señala el Ministerio que reconoce no obstante que el problema "sigue siendo importante" para la economía española por lo que dice que continuará "adoptando medidas que aumenten la eficacia en la guerra contra la piratería".

Recuerda que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015, estadística oficial de carácter cuatrienal que forma parte del Plan Estadístico Nacional, refleja un descenso del porcentaje de personas que han realizado descargas gratuitas de vídeo -tanto lícitas como ilícitas- y una ralentización del aumento en el caso de música.

También señala que es imposible saber cuál es el número de descargas ilegales ni tampoco distinguirlas de las legales ya que las operadoras de telecomunicaciones no pueden facilitar esa información por la Ley de Protección de Datos. Por ello, cree que las conclusiones del estudio de la Coalición "no pueden validarse en lo que se refiere a los datos de acceso a las webs vulneradoras, al no venir éstos respaldados por cifras objetivas y contrastables".

Entre marzo de 2012 y marzo de 2016, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) ha recibido 458 solicitudes presentadas por titulares de derechos de propiedad intelectual, de las que se han resuelto expresamente cerca de un 95 por ciento, asegura el Ministerio.

Según estos datos, las solicitudes ante la CPI han afectado a 267 páginas vulneradoras, de las que 257 han retirado todos los contenidos identificados como ilícitos, además de registrarse 34 casos de ceses completos de actividad (por cancelación del dominio por las autoridades españolas o por cierre voluntario de la propia web), y 3 resoluciones de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 6 páginas web.