El Ayuntamiento de Madrid arranca este viernes con el proceso de regularización catastral por la que no impondrá sanciones, sólo una tasa de 60 euros, con independencia de que la Administración imponga sanciones cuando se detecten irregularidades, según ha informado este jueves la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, en rueda de prensa. Tras la Junta de Gobierno, Maestre ha explicado que el proceso que este viernes se pone en marcha busca luchar contra el fraude mediante la incorporación al catastro de nuevas construcciones, rehabililtaciones o reformas que no hayan sido debidamente declaradas. En total, en el próximo año, hasta el 1 de abril de 2017, serán revisados en la capital un total de 2.137.063 inmuebles.

Con la inclusión de Madrid en el plan de regularización catastral 2016 (BOE de 31 de marzo de 2016) se da continuidad al trabajo de lucha contra el fraude que ya realiza la Agencia Tributaria de Madrid desde 2004, gracias al convenio de colaboración suscrito por la Dirección General del Catastro —dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas— y el Ayuntamiento, que ha permitido la incorporación a este censo de más de 140. 000 inmuebles omitidos o incorrectamente catastrados.

La regularización sólo afecta a aquellos inmuebles que no están adecuadamente incluidos en el Catastro. No implica una nueva revisión de valores catastrales, ya que los inmuebles regularizados se estiman con la Ponencia de Valores vigente en el municipio de Madrid.

La revisión del valor catastral tiene efecto desde la fecha en que se realizó la obra nueva o la modificación que no se declaró, por lo que, cuando proceda, se liquidarán los atrasos pertinentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Además, se aplica una tasa de 60 euros por cada bien inmueble regularizado. Las condiciones y la tasa vienen determinadas por el marco estatal, que el Ayuntamiento de Madrid aplica en cumplimiento de un acuerdo del Pleno Municipal del pasado mes de septiembre.

Es la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la que realiza este formalismo, que culmina con la asignación del nuevo valor catastral que se corresponda a la situación real del inmueble. La aplicación de este procedimiento es temporal, conforme a un plan de regularización de la Dirección General del Catastro desde 2013, en todo el territorio nacional con excepción de País Vasco y Navarra.

Para detectar estas irregularidades urbanísticas, Hacienda cuenta con varios mecanismos: desde fotografías aéreas hasta los tradicionales inspectores que se desplazan a las viviendas a comprobar si la información que tienen en el catastro concuerda con la realidad. Una vez cotejada la información propia con la remitida por el Ayuntamiento y confirmada la irregularidad, Segipsa, la empresa estatal encargada de realizar el trabajo, envía una carta a los defraudadores para que regularicen la situación de su inmuble.