"Una de las cosas más terribles que le puede pasar a un ser humano debe ser tener que embarcarse en una balsa en la última etapa de su vida y cruzar el Mediterráneo sin ningún futuro". Eso fue lo que pensó Estrella Galán cuando hace unas noches ayudó a una anciana a salir de una embarcación que acababa de llegar a Lesbos. "Mientras los niños siempre te arrancan una sonrisa, en ella vi una profunda tristeza que me generó un nudo en la garganta", recuerda.

La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pasado unos días en la isla griega, uno de los principales puntos de llegada de refugiados a Europa, y ha sido testigo de cómo ha cambiado la situación tras la aplicación hace diez días del pacto firmado entre la Unión Europea y Turquía. "El Lesbos de antes del acuerdo estaba enfocado a la acogida. Las organizaciones, instituciones, voluntarios y activistas estaban armónicamente coordinados. Pero a partir de ese sábado, todo empezó a cambiar", denuncia Galán.

Ella presenció el desalojo del centro de Moria y cómo las personas que se encontraban en él eran introducidas en un ferry. Todo ello "sin mucha explicación, con un absoluto control policial y militar y sin permitir el acceso a las ONG ni a los voluntarios". El barco se llenó con 3.000 personas que fueron trasladadas a Atenas y empezó a circular la información de que el objetivo era preparar la isla para dar un tratamiento diferenciado a quienes llegasen a partir de la entrada en vigor del acuerdo. Este determina que "todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo de 2016 serán retornados".

Moria pasó a ser en ese momento "un centro cerrado, gestionado por el Ejército y la Policía". "Todas las personas que han llegado desde ese domingo han sido detenidas, se les comunica que por haber entrado ilegalmente en un país. Se las trasladada allí y no se les permite salir. Da igual de la nacionalidad que sean", manifiesta la responsable de CEAR. "Antes llegaban hasta la playa, donde eran atendidas por las ONG. Ahora son interceptadas por los guardacostas griegos, que las llevan hasta el puerto militar de Lesbos y desde ahí las trasladan a Moria, mojadas y en las condiciones que lleguen”, continúa con indignación. Galán recuerda que "los refugiados no tienen por qué llegar legamente a un país". "Lo que necesitan es superar una frontera para poder pedir protección internacional", explica.

Esta situación ha provocado que organizaciones como Médicos Sin Fronteras se hayan retirado del centro. "Hemos tomado esta difícil decisión de cesar nuestras actividades en Moria porque continuar trabajando en el interior nos haría cómplices de un sistema que consideramos injusto e inhumano", argumentaron, antes de añadir que no permitirán que su ayuda "sea instrumentalizada para llevar a cabo una operación de expulsión masiva".

Porque eso, pese a que la UE lo niega, es lo que las ONG temen que ocurra con el que denominan el "acuerdo de la vergüenza". El texto recoge que se descarta "todo tipo de expulsión colectiva", que las autoridades griegas tramitarán cada petición de asilo individualmente y que aquellos cuyas solicitudes se consideren "infundadas o inadmisibles" serán devueltos a Turquía. Pero las asociaciones apuntan que "no se explica bien cómo van a poder evaluarse de manera significativa y con todas las salvaguardias jurídicas suficientes las solicitudes individuales en procedimientos de asilo acelerados", con un tiempo medio de resolución de los expedientes que se estima que no superará los quince días.

La UE de hecho pretende que la implantación del sistema "uno por uno", es decir, que los Veintiocho acojan a un sirio por cada otro que devuelvan a territorio turco, o lo que es lo mismo, las primeras expulsiones de refugiados, comience el 4 de abril. Incluso Acnur considera que Grecia no tiene la suficiente capacidad en las islas para evaluar el volumen de solicitudes de asilo que va a recibir, por lo que le preocupa que el convenio se ponga en marcha sin las garantías exigidas. 

Las reticencias han surgido también en el seno de Syriza. Para que el sistema "uno por uno" pueda ser implantado, el país heleno debe aprobar una ley y a cuatro días de la fecha prevista, esta va con retraso. Miembros de partido gobernante rechazan la devolución de refugiados porque creen que esta disposición viola el derecho internacional.

Lo mismo opinan en CEAR. "Esta situación es absolutamente ilegal y contraria al derecho internacional, al derecho de asilo y a la Convención de  Ginebra, que protege a los refugiados", apunta su secretaria general. La comisión valorará la posibilidad de presentar las denuncias oportunas ante las instituciones internacionales que corresponda. En su opinión, la única forma de lograr acabar con las mafias y el tráfico de personas es el desarrollo de "vías legales y seguras", para que aquellos que están huyendo de su país no tengan que jugarse la vida.

Mientras, el sentimiento que reina entre quienes están en Lesbos es la incertidumbre. Los refugiados no saben qué va a ser de ellos, a la vez que no entienden por qué están detenidos. "Cuentan que están pasando hambre y frío. No están en una cárcel, pero inicialmente no les dejaban salir ni de los módulos prefabricados. Fue necesaria una pequeña manifestación para que les dejasen caminar dentro del campo. Pero sigue siendo un centro de detención", relata Galán.

Ella ha vuelto con la sensación de que "la prisa que no se han dado para aplicar los acuerdos sobre acogida sí se la han dado para aplicar este acuerdo de la vergüenza y tratar de poner en marcha cuanto antes las expulsiones colectivas, que son ilegales". "Cuando se quiere se puede, pero parece que solo se quiere para levantar muros e incumplir los valores de la UE", lamenta. Asegura que hay eurodiputados que están intentando paralizarlo pero es consciente de la dificultad de que lo logren: "Fue aprobado por todos los Estados. Cada vez encontramos una mayor cerrazón de Europa. No vemos voluntad política para resolver la dramática situación que viven los refugiados".