El grupo parlamentario Podemos-Podem en las Corts se ha felicitado por la iniciativa aprobada por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS.

"Por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar", ha destacado el diputado de Podemos por Castellón César Jiménez.

Según César Jiménez, la iniciativa aprobada en la Cámara baja "es el ejemplo claro de una acción coordinada entre los grupos parlamentarios de Podemos en las Corts y en el Congreso". "Nosotros considerábamos injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía y, por ello, hace cinco meses empezamos la iniciativa política en el parlamento valenciano que hoy ha llegado finalmente a buen puerto", ha subrayado.

El diputado autonómico ha destacado que éste es el resultado final de una iniciativa que comenzó con la proposición no de ley aprobada de manera unánime en las Corts Valencianes el pasado 19 de noviembre de 2015 a instancias del grupo parlamentario Podemos-Podem, donde se solicitaba la entrega de los informes solicitados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vinaròs para determinar responsabilidades jurídicas por el diseño del proyecto Castor, sin tener en cuenta los posibles impactos ambientales y las consecuencias para la población.

Finalmente, esta resolución ha sido presentada en la Comisión de Industria, Energía y Turismo por el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, en donde ha sido aprobada con el voto de todos los grupos excepto del PP, que se ha opuesto.

La propuesta recoge el establecimiento de un calendario para el desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor a través de una solución "responsable, transparente y no onerosa" para las arcas públicas.

Así mismo insta a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, S.L., en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía "incurrió en dolo o negligencia imputable" y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, S.L., por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén.