El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado inadmitir el conflicto de competencias interpuesto en enero de 2013 por las diputaciones provinciales de Almería, Cádiz, Granada y Málaga contra el Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral aprobado por la Junta de Andalucía.

Estas cuatro diputaciones —todas ellas gobernadas en aquel momento por el PP— argumentaban en su recurso, dirigido de forma global contra el conjunto del Decreto Ley y también contra los artículos 2 y 3, que la Junta de Andalucía "lesiona" con esta regulación "la autonomía local constitucionalmente garantizada".

Junto a ello, el conflicto de competencias cuestionaba que el Ejecutivo andaluz hubiese recurrido a la figura del Decreto Ley por considerar que no concurría "la extraordinaria y urgente necesidad que exigen los artículos 86.1 de la Constitución y 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Sin embargo, el Pleno del TC ha dictado una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez Rodríguez y consultada por Europa Press, en la que decide "inadmitir" el citado conflicto en defensa de la autonomía local tanto en lo referido a los artículos 2 y 3 del Decreto Ley como en lo relativo al uso de la fórmula del Decreto Ley.

ANTECEDENTES

En su día, el por entonces portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, defendió el conflicto de competencias planteado por estas diputaciones provinciales frente al "intento" de la Junta de Andalucía de "arrebatar" competencias a los municipios recurriendo al "ordeno y mando".

"El decretazo es una decisión extrema de un gobierno extremista", criticó en aquel momento Rojas, que señaló que esta medida del Gobierno andaluz ponía "en jaque" 50.000 empleos en la comunidad autónoma por la "paralización" de "numerosos proyectos económicos" al introducir "inseguridad jurídica" para invertir.

Según los 'populares', el Decreto Ley de la Junta "quita competencias a los ayuntamientos" y "suspende su capacidad" para aprobar planes de sectorización en suelo urbanizable, mientras que el artículo 3 "obliga" a los municipios a "cumplir el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en un periodo máximo de ocho", lo que "significa que planes que estaban adaptados a la Ley hasta 2004 se van a ver igualmente paralizados".