La Audiencia de Palencia ha condenado a un hombre de 63 años a diez años de cárcel como autor de un delito continuado de violación a una menor, que era sobrina segunda suya y tenía 15 años en el momento de los hechos.

La sentencia condena también a P.V.R. a pagar una indemnización de 10.000 euros a la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos y le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la joven durante 15 años.

Además la sentencia, que no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, absuelve a P.V.R. de los seis delitos de amenazas y del delito continuado de amenazas que pedía la acusación particular y el Ministerio Fiscal.

La defensa del condenado ha anunciado su intención de recurrir esta sentencia que "no tiene ningún sentido porque no hay pruebas condenatorias y las que hay son contrarias a lo que afirma la víctima".

El fiscal pedía una pena global de 75 años de cárcel para P.V.R. como presunto autor de seis delitos de agresión sexual y otros seis de amenazas a una menor, cometidos entre enero y marzo de 2012 en su vivienda cuando la menor tenía 15 años.

El Tribunal considera probado que las agresiones se cometían en la vivienda del acusado, que servía de punto de encuentro para que la adolescente cumpliera con el régimen de visitas impuesto por un juzgado de Palencia ya que sus padres estaban separados.

El padre de la menor, que tenía su custodia, llevaba un viernes cada 15 días a su hija a la vivienda del acusado, donde la recogía su madre para pasar con ella el fin de semana.

Sin embargo la madre, al no poder ir a recoger a su hija, permitió que el acusado se la llevara a su casa, con lo que la menor permanecía con P.V.R. entre una hora y media y dos horas.

Un tiempo en el que, según la sentencia, se producían las agresiones sexuales a la menor bajo la amenaza de matarla si decía algo. El Tribunal declara probados "seis actos de naturaleza sexual, seis penetraciones anales, siempre por la fuerza y contra su voluntad" que se produjeron entre el 6 de enero y el 17 de marzo de 2012.

El fiscal y la acusación particular pedían una pena de 12 años por cada uno de los delitos de agresión sexual y seis meses por cada uno de los delitos de amenazas; y subsidiariamente por el delito continuado de agresión sexual 18 años y 9 meses de prisión y por el delito continuado de amenazas de 2 años y seis meses de cárcel.