La Guardia Civil calcula un beneficio de 10 millones al año de Vidal Armadores como "grupo criminal" de pesca ilegal

Calcula que se capturaron más de 3.500 toneladas de merluza negra, con 6 detenidos y otras 16 personas investigadas en la 'Operación Yuyus'

La Guardia Civil calcula que las actividades de pesca ilegal en la Antártida de merluza negra reportó un beneficio de 10 millones al año a Vidal Armadores, pues estima que capturó unas 3.500 toneladas de esta especie conocida como 'oro blanco' por su alto valor económico. Todo ello, con estructura de "grupo criminal organizado".

Este viernes, la Guardia Civil ha informado de la 'Operación Yuyus', desarrollada de manera internacional en 14 países, en la que se desarticuló a este grupo gallego, radicado en Ribeira (A Coruña), vinculado con la pesca ilegal, con seis personas detenidas —que quedaron en libertad tras pagar fianzas de 600.000 euros en total— acusados de delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal.

Además, hay otras 16 personas investigadas en el marco de esta operación internacional, tras llevarse a cabo cinco registros en diferentes empresas y domicilios.

En marzo de 2015, a raíz de la 'Operación Sparrow' el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente informó a la Guardia Civil de un grupo de armadores ubicado en Ribeira responsable de diversas infracciones y sanciones en varios países, incluido España. Precisamente, el pasado jueves el Gobierno dio por cerrada la 'Sparrow' con multas de 17,8 millones de euros al entramado societario Vidal Armadores por pesca ilegal en la Antártida.

Desde entonces, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona ha trabajado en la 'Operación Yuyus' en la que se ha comprobado que los implicados realizaban diversas acciones ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en la Antártida —como actividad principal— y el blanqueo de los beneficios ilegalmente obtenidos —causa pendiente de investigación—.

Así, el nombre de la Operación Yuyus proviene de un juego de pronunciación sobre la condición pirata de los buques con los términos de pesca 'Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)', es decir, ilegal, no declarada y no reglamentada.

Según el Ministerio del Interior, desde el principio de la operación, el Instituto Español de Oceonografía (IEO) ha aportado "precisos" informes técnicos con los que se ha podido establecer el "delito madre" de tipo medioambiental.

Grupo criminal

En esta operación contra la pesca ilegal a nivel internacional, se han detenido a seis personas y otras 16 han sido investigadas, las cuáles han sido acusadas por su relación en presuntos delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiento, blanqueo de capitales y falsedad documental, todo ello bajo estructura de "grupo criminal organizado". También se han realizado cinco registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, e incautación de dinero y bienes.

Entre los detenidos en la 'Yuyus' se encuentran cuatro miembros de la familia Vidal: el padre, Antonio Vidal Suárez (Tucho), la cabeza visible de la empresa armadora Vidal Armadores, de Ribeira (A Coruña), y sus tres hijos Antonio Vidal Pego (Toño), Belén y Ángel. Además, fueron arrestados en esa operación los directivos de compañías del conglomerado empresarial de la familia Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago. Entre los otros 16 investigados está la madre, Manuela Pego.

El barco cambiaba el nombre y la bandera

La parte central de la investigación se centró en el barco llamado 'Kunlun', uno de los tres buques que el grupo gallego sospechoso tenía faenando en la Antártida. Este nombre fue cambiado posteriormente para intentar burlas los controles, como práctica habitual.

El barco investigado tenía bandera de Guinea Ecuatorial, en un principio, cuando fue abordado por las patrullas australianas y neozelandesas en las aguas de la Antártida al inicio de la temporada de pesca 2014-2015. Sin embargo, cambió su nombre a 'Taishan' y la bandera que ondeaba era la de Indonesia después de que en marzo de 2015 las autoridades tailandesas interviniese el buque al arribar en el puerto de Phuket y declarar falsamente como "mero" la mercancía que transportaba.

Tras permanecer varios meses a la espera de la resolución de las autoridades, en el mes de septiembre se dio a la fuga con tan sólo cinco oficiales a bordo. No se tuvo más conocimiento de él hasta que en noviembre llegase al puerto de Dakar (Senegal), donde descargó la mercancía para su posterior envío a través de una empresa carguera con destino a Vietnam.

En este momento el buque había vuelto a cambiar su denominación por 'Asian Warrior' y contaba con la bandera de conveniencia legal de San Vicente y Granadinas. No obstante, los agentes del Seprona, junto con personal de Agricultura y de Interpol, se desplazaron a la capital senegalesa para apoyar a los responsables nacionales en la inspección del barco, encontraron importantes pruebas que determinaban que dicho buque era en realidad el 'Kunlun'.

De hecho, para obtener el nuevo abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que "no permitía la navegación", a pesar de lo cual había llegado a Dakar.

Además, Interpol contactó con las autoridades vietnamitas para que inmovilizase la mercancía: más de 183 toneladas de merluza negra declarada como atún, cuyo valor en el mercado ascendería a unos dos millones de euros.

Blanqueo de capitales a través de empresas e indemnizaciones

Por otro lado, la 'Operación Yuyus' ha descubierto la trama que, supuestamente, había establecido el grupo gallego. Según Interior, los beneficios calculados de la venta ilegal de la merluza negra pueden superar anualmente los 10 millones de euros (el precio medio de este pescado en su destino final supera los 50 euros por kilo).

El grupo gallego contaban con diversas empresas para el aprovechamiento de esos beneficios ilegales en España. También, en el historial del grupo se encuentra el hundimiento de un carguero que transportaba la mercancía de los tres buques investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización recibida para la compra de un buque legal, lo cual supondría una forma más de blanqueo.

Colaboración con la interpol

En esta operación internacional se ha colaborado con la Interpol a raíz de que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo encauzase la investigación a la Audiencia Nacional. A partir de ahí, el proyecto Scale —en materia de delitos pesqueros— de la Subdirección de Seguridad Ambiental de Interpol gestionó diversas reuniones internacionales para coordinar la acción de los países afectados y dotar de información de los investigados en diferentes países donde operaban.

Posteriormente, Seprona y el Ministerio de Agricultura asistieron a una reunión convocada en el Complejo Mundial de Interpol para la innovación de Singapur —en la que participaron representantes del propio país, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia—. En diciembre, los investigadores españoles estuvieron con técnicos de Noruega, Canadá, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Alemania y Senegal en la sede de la Secretaría General de Interpol en Lyon.

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Operación sparrow'

Por su parte, el Ministerio de Agricultura informó el jueves de que se pone fin a la 'Operación Sparrow', con sanciones económicas por un importe total de 17,84 millones y multas al entramado empresarial de Vidal Armadores y siete personas físicas por su implicación en pesca ilegal en la Antártida de merluza negra.

En concreto, la resolución sancionadora, declara responsables a las personas jurídicas participantes del entramado que forman Vidal Armadores, Viarsa Energia, Viarsa Cartera, Primary Capital, Gallega de Pesca Sostenible, Alimenta de Tunidos y Alimenta Corporación. Todas ellas vinculadas a la familia Vidal, según figura en el Registro Mercantil.

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